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Salta lidera los desmontes en Argentina y en plena pandemia avanza la deforestación de sus bosques nativos

Entre 2014 y 2019, la provincia perdió 176.653 bosques nativos. En octubre, tras un cruce con Noción, el ministro de Producción salteño, Martín Ríos, se comprometió a restaurar esa instancia. Sin embargo, al día de hoy denuncian que la tala sigue avanzando.

Este miércoles el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación realizará una audiencia pública con el objetivo de autorizar el desmonte de aproximadamente seis mil hectáreas, ubicadas en Salta. Además de tratarse de áreas claves para el yaguareté, una especie en peligro de extinción, la provincia liderada por Gustavo Sáenz, encabeza la deforestación en la Argentina.

Entre el 2014 y el 2019, Salta perdió 176.563 bosques nativos. En el ranking la siguen: Santiago del Estero, Formosa y Chaco, según los datos brindados por la ONG Greenpeace. A su vez, la asociación recordó que en Salta el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) se encuentra vencido desde 2014 y según precisó, debe actualizarse cada cinco años.

Un antecedente peligroso

El año pasado, el secretario de Ambiente salteño, Jorge Aldazábal, emitió la resolución 333, mediante la cual, establecía que si los desmontes se llevaban a cabo mediante la modalidad «silvopastoril», es decir, un desmonte selectivo cuyo objetivo es producir ganadería bajo monte o para el «aprovechamiento forestal» o sea la tala de madera, no sería necesario una audiencia pública como tampoco la presentación de los estudios de impacto ambiental y social (EIAS).

El funcionario argumentó que su decisión se encontraba basada en la Ley Nacional de Protección de Bosques Nativos número 26.331 que contempla que «la evaluación de impacto ambiental será obligatoria para el desmonte, pero que ese estudio solo será pertinente para aquel manejo sostenible» que provoque «impactos ambientales significativos». En consecuencia, el dirigente consideró que tanto la práctica silvopastoril como el aprovechamiento forestal son «de baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental».

Pero Nación no estuvo de acuerdo

El 26 de octubre pasado, Florencia Gómez, secretaria de Política Ambiental del gobierno nacional, le envió una carta al ministro de Producción y Desarrollo de la provincia, Martín Ríos, en la que sostenía que la resolución 333 al eximir a ciertas prácticas de deforestación de las audiencias públicas permitía «la discrecionalidad o arbitrariedad, al no definirse taxativamente en base a criterios objetivos el alcance de los términos baja intensidad o intervención».

Ríos no se quedó callado y dijo que si bien «se evaluará la sugerencia respecto de restablecer el procedimiento de participación pública para los cambios de uso de suelo sin excepción y en su caso, proceder a su modificación», remarcó que las audiencias públicas deben convocarse cuando las actividades puedan generar un impacto «negativo y significativo en el ambiente».

Por último, el actual ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, se refirió el 25 de julio pasado sobre los «desmontes ilegales» en Salta y a través de su cuenta oficial de Twitter escribió: «Celebramos que Salta se comprometa en la lucha contra los desmontes ilegales. Los bosques son actores claves contra el cambio climático. Necesitamos modificar la Ley de Bosques y avanzar en una política federal para su protección, manejo y conservación».

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