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El Intransigente
Dióxido de cloro

SOCIEDAD

Siguen las repercusiones por el uso del dióxido de cloro para tratamientos médicos

Carlos Damin, titular de Toxicología del Hospital Fernández, dijo que su uso como medicamento no está aprobado en ningún país del mundo.

Ayer, tal como informó El Intransigente, Oscar Jorge García Rúa, un paciente que atravesaba un cuadro grave de coronavirus, falleció luego de que se le suministrara dióxido de cloro, acción que fue ordenada por la Justicia Federal a través de una medida cautelar. La decisión generó una importante polémica y hoy, Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández habló al respecto

Esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia, el profesional explicó: «El dióxido de cloro es una sustancia que se usa en la industria como blanqueador e incluso como lavandina, para sanitizar el agua» y remarcó que «el dióxido de cloro no está aprobado para ser medicamento de ninguna enfermedad acá ni en ningún país del mundo».

Y agregó: «Nunca se pudo demostrar que el dióxido de cloro fuera efectivo contra ninguna enfermedad» por lo que subrayó: «Aplicar el dióxido de cloro como medicamento es un error con consecuencias penales». En ese sentido, el médico resaltó: «El primer objetivo de la medicina es no producir daño y, a continuación, comprobar la eficacia de la sustancia que utilicemos».

Al conocerse que se le había dado dióxido de cloro a un paciente, varias entidades de la salud salieron a repudiar públicamente la decisión. Una fue la Sociedad de Terapia Intensiva (SATI) que mediante un comunicado, sostuvo que se trata de una sustancia que «no tiene ninguna evidencia científica para ser utilizada como droga de tratamiento» y recalcó que «la Justicia no debe obligar a los médicos a indicar un producto o una medicación que no tiene el respaldo científico y que no está autorizada por los entes de regulación nacionales e internacionales».

En la misma línea se manifestó la Fundación Huesped que calificó al fallo judicial como «inaudito» y por lo tanto, lo consideró un «escándalo jurídico». «El juez debió requerir informes a las instituciones, y a su vez tiene al cuerpo médico forense para poder tomar decisiones», precisó la entidad mediante un texto oficial y recordó que la ANMAT y SADI ya habían advertido que el dióxido de cloro «puede y ha generado situaciones graves».

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