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Foto: página del Gobierno de la provincia de Buenos Aires

SOCIEDAD

La legislatura de Mendoza dio media sanción al allanamiento remoto en investigaciones penales

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Se trata de nuevas herramientas procesales para la obtención de pruebas.

La Legislatura en la provincia de Mendoza aprobó ayer nuevas herramientas procesales para la obtención de pruebas. Así, entre estas posibilidades se consideró la utilización del llamado allanamiento remoto, que en este caso fue determinado como registro de dispositivos tecnológicos.

De esta manera, el proyecto incorpora en el Código Procesal Penal de la provincia herramientas procesales para la obtención de evidencia digital. Entre ellas, se destaca la figura del allanamiento remoto, denominado en este caso ““Registro remoto de dispositivos tecnológicos que contengan evidencia digital”.

Según diariojudicial.com, la iniciativa fue propuesta por la senadora Daniela García, y a su proyecto se le unió otro de su colega Ana Sevilla. Así, la medida pretende actualizar la norma vigente a los tiempos que corren, para enfrentar los desafíos que la tecnología plantea a la hora de perseguir e investigar delitos, sean estos ciberdelitos o delitos tradicionales cuyo rastro es digital.

En este sentido, el plan actualiza la medida de registro de un lugar o espacio físico, que “no legitima en sí misma al registro de dispositivos informáticos hallados en el lugar”. Así, “para acceder a los mismos y registrarlos o hacer sobre ellos una pericia informática, se requiere una autorización expresa del juez competente”.

“Ello resguarda la intimidad del titular o usuario del dispositivo electrónico o sistema informático y, a su vez se evitan accesos espontáneos a los sistemas informáticos en el momento del registro, que pueden alterar la evidencia digital y viciarla”, señalan los fundamentos.

De esta forma, el otro aspecto importante de esta normativa es la incorporación del artículo 216 bis y ter, que refieren específicamente al registro de dispositivos tecnológicos que contienen evidencia digital. El primero al registro físico, y el restante al “registro remoto o registro digital”, conocido como remote forensic.

Así, según aclara la medida propuesta el registro remoto, “es una medida de mayor injerencia en la privacidad de quien la soporta”. Por esto mismo en un primer momento procede mediante solicitud que deberá ser autorizada sólo en casos urgentes, de delitos graves, “en los que la vida o integridad física o sexual de una persona estén seriamente comprometidos”, aclaran.

Con respecto a esto, el artículo 216 bis indica que en casos de delitos graves y si hubiere motivos suficientes para presumir que en los dispositivos tecnológicos o en los sistemas informáticos a registrar, “existe evidencia digital pertinente a la investigación delito”, el Juez de Garantías interviniente, a solicitud del Fiscal de Instrucción, ordenará por decreto fundado el acceso a ese dispositivo o sistema para ser registrados los datos informáticos allí contenidos, y, de ser posible, la realización previamente de una copia forense del mismo.

 “Para ello el tribunal puede disponer su secuestro, lo que implica la copia de los datos informáticos almacenados y la posibilidad de hacerlos inaccesibles del sistema informático o el dispositivo tecnológico”, determinan quienes están a favor de esta decisión, pero que aún no se regula la posibilidad de suprimir los datos.

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