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MUNDO

Régimen de Ortega en apuros por las sanciones de EE.UU.

La pareja presidencial es golpeada con penalidades a su familia desde Washington

La consultora The Economist Intelligence Unit (EIU) analizó la crisis en Nicaragua y advirtió que existe un riesgo político «extremadamente alto». En un informe se explicó que no hay voluntad de forjar una resolución negociada de la crisis, porque el Gobierno opta por un enfoque cada vez más autoritario.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tienen «límites» y ejercen una fuerte influencia en todas las instituciones públicas. «El FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) utiliza su mayoría legislativa para fortalecer los poderes presidenciales, así como la seguridad estatal», apunta el balance.

El centro británico pronosticó que Ortega o cualquiera que él designe se mantendrán en el poder hasta 2022 (cuando corresponde un cambio de gobierno). Pero advirtió que la predicción puede fallar ante el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. «La escena política es altamente volátil y existen riesgos sustanciales para nuestro pronóstico», agregó.

La penalidad de los Estados Unidos es el talón de Aquiles de Ortega. La administración de Donald Trump sancionó a altos funcionarios del Gobierno, que incluye a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. En abril pasado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos castigó a Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, y al Banco Corporativo SA, brazo financiero del régimen.

«La prioridad del Gobierno sandinista será frenar el deterioro económico en curso y ganar la confianza de los inversores. La agitación política y la falta de fe en el estado de derecho, será extremadamente desafiante», razona EIU, propiedad del grupo británico de The Economist. Las protestas opositoras dejaron centenares de muertos y presos políticos.

Sobre la falta de estado de derecho, EIU reportó que las tomas de tierras «han sido un hecho significativo desde el inicio de la crisis política», en abril de 2018. Sin embargo, aclara que las expropiaciones «han tenido un alcance limitado y parecen estar destinados a socavar a los oponentes domésticos, no a los extranjeros».

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua denunció que el régimen mantiene ocupadas ilegalmente unas 29 propiedades en siete departamentos del país. Esa estrategia también fue aplicada en la Cuba de Fidel Castro y en la Venezuela de Hugo Chávez. Esos dos países sufren en la actualidad las sanciones de Washington.

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