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ECONOMÍA

Con un beneficio extra para barrios populares, Kicillof promulgó la suspensión de ejecuciones

Los lanzamientos estarán frenados hasta el 30 de septiembre.

El gobernador Axel Kicillof promulgó ayer la Ley 15.172 que suspende hasta el 30 de septiembre las ejecuciones en la provincia de Buenos Aires. La normativa, que la Legislatura sancionó la semana pasada, contempla un beneficio adicional para familias que residan en barrios populares. La medida del mandatario se publicó en el Boletín Oficial bonaerense mediante el decreto 430/2020.

La nueva legislación impide realizar hasta el 30 de septiembre ejecuciones hipotecarias, judiciales o extrajudiciales. Esto vale para aquellas en las que «el derecho real de garantía recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda única«. También suspende la «ejecución de parte indivisa prevista el artículo 2207 del Código Civil y Comercial de la Nación» en dos casos. Uno de ellos es que la parte deudora integre el condominio. El otro es que «quienes la sucedan a título universal sean ocupantes de la vivienda».

La ley establece que el plazo del impedimento se extenderá en lanzamientos que afecten cinco o más familias que residan en un barrio popular incluido en los registros oficiales. La prórroga será por otros 90 días corridos, que comenzarán a contarse a partir del cese de la suspensión, es decir, del 30 de septiembre. Vale destacar que los sectores vulnerables son los más afectados por el coronavirus en la provincia de Buenos Aires.

La norma también suspende «los lanzamientos ya ordenados que no se hubieran realizado» antes de que la ley entrara en vigencia. También les pone un freno a las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). Esto vale también para los planes de ahorro para la compra de vehículos. Asimismo, impide todo lanzamiento colectivo que afecte «a una pluralidad de familias y que pueda producir un mayor número de personas en situación de calle«.

Quedan sin efecto además las «ejecuciones de créditos por expensas comunes» y de fábricas recuperadas, es decir, que hayan sido expropiadas por sus trabajadores. A su vez, suspende «los términos de caducidad de instancia en los procesos de ejecución hipotecaria». Por último, impide «la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de determinados inmuebles».

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