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SOCIEDAD

Luego de la polémica, presentan el protocolo para el «ciberpatrullaje»

Son medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad.

Tras la polémica generada por este tema, el Ministerio de Seguridad publicó hoy el protocolo para el «ciberpatrullaje«. Buscará rastrear en las redes sociales posibles delitos como actividades no permitidas durante la cuarentena. También la comercialización de medicamentos apócrifos y que aseguren curar el coronavirus. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial, mediante la resolución 144/2020.

Este protocolo de ciberpatrullaje tiene por finalidad establecer principios, criterios y directrices generales para las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad. «Las tareas de prevención policial del delito en el espacio cibernético se llevarán a cabo únicamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas», explica la norma.

Según la cartera conducida por Sabina Frederic, se entiende por “fuentes digitales abiertas” a los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad. Cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas».

En este sentido, el ciberpatrullaje consistirá en hacer un relevamiento de las publicaciones abiertas que se hagan en distintos tipos de redes sociales y que puedan configurar un delito. Así, buscan evitar la comercialización y distribución de medicamentos y de insumos sanitarios críticos. La venta de presuntos remedios con referencias al COVID-19. Y los ataques informáticos a infraestructura crítica, especialmente a hospitales y a centros de salud.

En abril, Frederic había señalado en una teleconferencia con la Comisión de Seguridad Interior de Diputados que las fuerzas realizaban tareas de «ciberpatrullaje» en redes sociales «para detectar el humor social». Estos dichos fueron cuestionados por la oposición, que advirtieron que esta actividad expresamente prohibida por la Ley Nacional de Inteligencia.

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