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POLÍTICA

¡Olvidó 10 mil dólares! Avanza la investigación del exfuncionario macrista por el hallazgo del dinero

La Unidad de Información Financiera se confirmó como querellante.

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Todavía sin varios indicios sobre el origen del dinero, la Unidad de Información Financiera (UIF) confirmó que será querellante en la causa contra el exsubsecretario de Coordinación del exMinisterio de Producción Rodrigo Sbarra, en cuyo despacho se hallaron 10 mil dólares tras el cambio de gestión. El organismo antilavado fue aceptado como demandante en la investigación contra el exmiembro de la cartera productiva, quien en cuatro años compró propiedades, autos de alta gama y se transfirió a sí mismo un millón de dólares.

El caso se dio a conocer luego del cambio de gestión cuando en un compartimento oculto del escritorio que usó Sbarra se encontraron 10 mil dólares que supuestamente olvidó. Ese hallazgo derivó en una denuncia que tramitan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini. En ese marco, el magistrado aceptó que la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo conducido por Carlos Cruz, sea parte querellante en la causa en la que se investiga al ex subsecretario de Coordinación del ex Ministerio de Producción por presunto lavado de dinero.

La acusación del fiscal Pollicita es haber puesto en circulación dinero «a través de la compra de un lote» en un barrio cerrado sin justificar la procedencia dineraria.  La información acumulada en el expediente da cuenta que la compra del lote se hizo en cuotas entre abril de 2016 y el 17 de abril de 2019: el monto pagado por la casa, ubicada en el desarrollo Nordelta, fue de 186.086 dólares. El dinero hallado en el sobre equivalía al pago de tres cuotas, pactadas en 3.300 dólares cada una de ellas.

Otro punto clave es el incremento patrimonial que experimentó Sbarra desde su ingreso a la función pública: asumió con bienes por $1.169.574, una participación en la empresa Arquigreen S.A., a la que le debía $149.000, y un departamento de 62 metros cuadrados en la Ciudad valuado en $930.000. Cuatro años después, al retirarse de la administración pública, su declaración jurada exhibió bienes por $30.532.773.

Según la última Declaración ante la Oficina Anticorrupción, contaba con un departamento de 185 metros cuadrados con cochera en la Ciudad de Buenos Aires ($13.160.160); dos terrenos en Navarro que ahora miden 620 metros cuadrados cada uno, y están cotizados en $238.000 y $524.000, respectivamente; un auto Mini Cooper Countryman All4 valuado en casi $2 millones; bienes de hogar por $816.018; depósitos de dinero en el exterior por $6,2 millones; depósitos de dinero en efectivo en el país por $95.164; depósitos en dólares en el país por $6,8 millones; una deuda con el banco BBVA (se estima de tarjeta) por $9.402 y una deuda con José Alberto Sbarra en dólares por $5,1 millones.

La causa también sumó pruebas: dos comprobantes de orden de pago emitidas por Rodrigo Alberto Sbarra desde una cuenta de Bank Of America con sucursal en el estado de Nueva York, EEUU, en favor de él mismo, por la suma de 400.000 dólares cada uno de ellos, más una transferencia de 200.000 dólares más. Entre los tres giros, un millón de dólares que omitió declarar. Según obra en el comprobante de giro de divisas, Sbarra tiene domicilio norteamericano, declarado ante el Bank of America, en la calle Northeast 102nd St, de la localidad de Miami, donde se emplaza un inmueble valuado en unos 850.000 dólares, cuya titularidad podría corresponderle y que también habría omitido declarar en su Declaración jurada patrimonial.

A criterio de la Fiscalía, se puede establecer en la causa penal «con el grado de probabilidad relativa requerido para esta instancia, que entre 2016 y 2019, mientras se desempeñaba como subsecretario y secretario de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, respectivamente», Sbarra «habría recibido una cantidad no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada, que luego puso en circulación en el mercado a través de la adquisición de diferentes propiedades que tampoco aparecen reflejadas en las declaraciones juradas patrimoniales presentadas ante los organismos competentes, lo que podría llegar a configurar lavado de activos».

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