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El Congreso debatirá el DNU que declara como «servicios públicos» a las telecomunicaciones

El decreto se analizará este lunes por la Comisión Permanente Trámite Parlamentario.

Este lunes, el Congreso analizará el DNU del Gobierno nacional para declarar las telecomunicaciones como un servicio público. La comisión bicameral parlamentaria que controla los Decretos de Necesidad y Urgencia se dispondrá a debatir la iniciativa del poder ejecutivo que congela las tarifas de telefonía celular y fija, internet y televisión paga. Asimismo se buscará emitir un dictamen sobre la medida anunciada el viernes pasado por Alberto Fernández.

Lo confirmó a Telam el titular de la comisión, Marcos Cleri (Frente de Todos). El análisis del DNU 690/2020 causará enfrentaciones entre el bloque oficialista y Juntos por el Cambio, ya que el sector opositor expresó su rechazo a la medida con fuertes acusaciones. Cleri comentó que espera que “se dé el debate adecuado y logremos dictamen pidiendo la validez” de ese decreto. En esta línea, la Comisión Permanente Trámite Parlamentario fue convocada para este lunes a las 13.

El objetivo es puntualizar en detalles sobre TV, internet, telefonía fija y celular; y además, también debatirán sobre otros tres decretos: el de extensión de la moratoria para pymes, el del plan Procrear de viviendas y el de creación de una agencia para promover la investigación del desarrollo tecnológico. En tanto, el DNU 690 declara “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia” y a su vez ordena suspender “cualquier aumento de precios o modificaciones de los mismos” hasta el 31 de diciembre. 

La medida fue impulsada tras la emergencia económica causada por la pandemia de coronavirus en el país. En los considerandos, el DNU remarcó que, durante la gestión del gobierno anterior, “mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N 267/2015 se derogó gran parte del andamiaje legalmente establecido en materia de servicios de comunicación audiovisual y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. 

Y agrega que la decisión se tomó “abandonándose la idea del acceso a estos últimos como un derecho humano, dejándolos librados a ley de la oferta y demanda como una simple mercancía, contrariamente a lo previsto en la Constitución Nacional”. De esta manera, explicita que “es necesario recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso” a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

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