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ECONOMÍA

El Fondo Monetario Internacional exigirá un «plan económico» al Gobierno nacional

Además, se debatirán sobre tres puntos centrales de la política económica.

El Gobierno nacional inició la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El primer acercamiento lo realizó el presidente Alberto Fernández con la directora ejecutiva del organismo, Kristalina Georgieva. El proceso será diferente a lo que se atravesó con los bonistas y acreedores privados. Argentina deberá reestructurar 44.000 millones de dólares.

De acuerdo al análisis que realizó Bloomberg, en esta ocasión y a diferencia de lo ocurrido anteriormente, el Presidente debería dar a conocer su plan económico. Seguramente -indica la agencia- podría ser una condición del FMI. Una de las primeras conversaciones se podrían indagar sobre la forma en que se contrarrestará la fuerte emisión de dinero que se realizó durante la pandemia.

A su vez, siguiendo al análisis de Bloomberg, la discusión, además, se podría centrar en los controles monetarios y de capital. O sea, básicamente, se debatirá sobre el «cepo cambiario». Por el momento, Pesce admitió que no se tomarán nuevas medidas restrictivas a la compra de dólares. Sin embargo, el Gobierno nacional se muestra preocupado por la venta de las reservas del Banco Central.

Como se mencionó, se debatirá sobre el déficit fiscal. Éste ascendió a más de $ 3.4 mil millones en cada mes en el segundo trimestre. «Estamos decididos a reiniciar el proceso de seguir una senda fiscal consistente una vez que desaparezcan los efectos de la pandemia», indicaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y Miguel Pesce. «Se buscará reducir el déficit fiscal primario de una manera que sea compatible con la sostenibilidad de la deuda pública y la recuperación económica», agregaron.

El acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario se firmó en 2018 bajo la presidencia de Mauricio Macri. El acuerdo, que se conoce como Stand-By, tenía una duración de tres años. Fueron 57.000 millones de dólares. Sin embargo, solo se desembolsaron 44.000 millones. El actual gobierno, decidió no recibir los 13.000 millones restantes. El problema del Stand-By, es que se concentraron los pagos de capital entre 2021 y 2023.

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