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Foto: Gobierno nacional www.argentina.gob.ar

POLÍTICA

El Gobierno extiende la concesión de la terminal de Retiro a una empresa cuyo dueño está con prisión domiciliaria

El titular de la firma, Néstor Otero, se encuentra con arresto domiciliario desde octubre del 2018 por su participación en la causa de los cuadernos. Preso y acusado de lavado de dinero y evasión impositiva, volvió a ganar la licitación.

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El Ministerio de Transporte comunicó hoy, a través de una publicación en el Boletín Oficial, la extensión de la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro a la empresa TEBA SA hasta que se lleve a cabo una nueva licitación y se elija a otra compañía. Si bien en el texto se indica que la terminal estará en manos de la firma de manera provisoria, no se precisa la fecha en la que se llevará a cabo el proceso licitatorio. Además se establece que, como la estación se encuentra en un estado «precario», se le otorgará a TEBA SA la suma de $3.654.876 a partir de septiembre próximo.

En junio de este año, el Gobierno dio a conocer una medida en el Boletín Oficial en la que anunció exactamente lo mismo que en la publicación de este jueves. En esa oportunidad, mediante la disposición 138/2020, la cartera liderada por Mario Meoni dejó sin efecto la resolución número 293 correspondiente al 16 de mayo de 2019 mediante la cual la gestión del expresidente Mauricio Macri le otorgó la concesión a TEBA SA y llamó a una nueva licitación. Pasaron ya cuatro años y las autoridades no lograron encontrar aún una nueva empresa.

TEBA SA: denuncias por lavado de dinero y evasión impositiva

El dueño de TEBA SA es Néstor Otero quien fue imputado por lavado de dinero en el 2018. La denuncia fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) luego de recibir información financiera acerca de la firma proveída por el Banco Central. Además, el Grupo Otero fue acusado por la Unidad de Información Financiera (UIF) de llevar adelante operaciones de carácter «sospechoso» respecto a ciertas sociedades integradas por el grupo.

En cuanto a la causa por lavado de dinero, el empresario fue imputado por realizar 39 transferencias desde su cuenta personal en el Banco Sáenz por un monto total de $7.480.000 a cuentas pertenecientes al grupo compuesto por TEBA y otras sociedades. Acorde con la Justicia, Otero había depositado en su cuenta personal una serie de cheques con los que otras empresas le habían efectuado distintos pagos a TEBA. Por lo tanto, las autoridades se preguntaron si sus acciones no habrían perjudicado a terceros.

A esa denuncia se le sumó otra por evasión impositiva que estuvo a cargo del fuero Penal Económico. La AFIP había detectado que la empresa Terminal Mar del Plata SA, perteneciente también al Grupo Otero, llevó a cabo facturaciones con firmas falsas y es por eso por lo que fue investigada por evasión impositiva.

Deudas con el poder

Cuando se llevaron adelante los pagos la cuenta de TEBA, según indicó la Justicia, se encontraba embargada por el Gobierno de la Ciudad, a quien le debía $18.000.000 por no haber abonado el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Finalmente, la compañía se comprometió a ir saldando el monto adeudado a través de un plan de pagos. Como Otero no podía usar la cuenta empresarial, utilizaba la propia para hacer operaciones comerciales y esa es la razón por la que fue denunciado e imputado.

Su participación en la causa de los cuadernos

Otero fue detenido y estuvo preso en el penal de Marcos Paz por haber estado involucrado en la causa de los cuadernos, ya que, fue acusado de entregarle, el 3 de junio de 2015, 250.000 dólares a Nelson Lázarte, un exsecretario de Roberto Baratta, quien se desempeñó como subsecretario de Planificación Federal durante la presidencia de Cristina Kirchner. En octubre de 2018, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi le otorgaron la prisión domiciliaria debido a que consideraron que por su edad, 75 años y por su estado de salud, Otero debía cumplir con el arresto domiciliario en su casa.

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