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POLÍTICA

En el marco de la pandemia, el Gobierno realizó una compra por valores muy superiores a los del mercado

Luego del escándalo de los sobreprecios protagonizado por el Ministerio de Desarrollo Social, el Estado vuelve a comprar productos a precios alrededor de un 50% más altos. En el contexto de una crisis económica que se agudiza cada vez más, el dinero vuelve a estar en el centro de la polémica.

El Gobierno anunció hoy en el Boletín Oficial que le comprará 18 termómetros infrarrojos por la suma de $124.200,00 a la empresa SYNCROTECH S.R.L. Acorde con la publicación, la adquisición tiene como fin «abastecer a todos los lugares de trabajo del ENARGAS«, el Ente Nacional de Regulación del Gas. En el mismo texto, se establece que la transacción iba a llevarse a cabo hace un tiempo atrás, pero que debió darse de baja, ya que, no se habían recibido «ofertas convenientes». Sin embargo, el Estado aclara que tuvo que retomar la operación a raíz de «la evolución de la situación epidemiológica relacionada con el Coronavirus (COVID-19) en nuestro país».

¿Otra compra con sobreprecios?

A fin de saber cuánto cuesta un termómetro infrarrojo, El Intransigente entró a la página web de Mercado Libre y constató que una unidad de este producto tiene un valor de $3.499. Por lo tanto, si se comprarán 18 unidades, cifra que va a adquirir la gestión actual, el precio final sería $62.982, es decir, una diferencia de $61.218. En consecuencia, el Gobierno pagará casi el doble por los termómetros. Y es aquí cuando se encienden las alarmas, debido a que no es la primera vez que el oficialismo realiza una compra por valores superiores a los del mercado.

En abril de este año, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación conducido por Daniel Arroyo adquirió azúcar y aceite por montos más altos a los establecidos en el programa de «Precios Cuidados». El hecho cobró tal repercusión que el funcionario Gonzalo Calvo, quien presidía la Secretaría de Articulación Social y el encargado de efectuar la operación fue apartado de su puesto y no sólo él si no también los 15 funcionarios que integraban su equipo.

¿Los sobreprecios también alcanzaron a Juntos por el Cambio?

El oficialismo no fue el único que se vio involucrado en el escándalo de los sobreprecios, la oposición también. En abril último se conoció, tal como informó el Intransigente, que la gestión de la Ciudad de Buenos Aires liderada por Horacio Rodríguez Larreta le había comprado 1.600 barbijos a la firma Green Salud por la suma de $.3000 cada uno, precios por encima de los ofrecidos en el mercado. En consecuencia, la firma pasó a ser investigada por la Justicia.

De hecho si uno entra hoy a al sitio web de Mercado Libre puede hallar barbijos de la marca 3M por valores inferiores a los que pagó la gestión porteña en ese entonces. Por lo tanto, podría decirse que el tema de los sobreprecios no conoce de banderas políticas,

¿Dejaron afuera a la ANMAT?

Volviendo a la compra de los termómetros hay otro dato que llama la atención, además del precio. En la publicación se indica que el producto adquirido no cuenta con la aprobación de la ANMAT. «Los termómetros solicitados no requieren la intervención de la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), motivo por el cual se ha eliminado ese ítem de las especificaciones técnicas a cumplir por los oferentes». Resulta raro y hasta si se quiere sospechoso que el Estado adquiera un producto vinculado con la salud en el marco del COVID- 19 y éste no precise la aprobación de la ANMAT, organismo que regula todo elemento sanitario que se utilizará en la lucha contra el coronavirus.

Si bien en el texto oficial se afirma que SYNCROTECH S.R.L, compañía que le venderá los termómetros al Gobierno, no posee sanciones laborales acorde con «el REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES, vigentes al 14 de julio de 2020» ni tampoco «poseen deuda líquida y exigible con la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP)», no hay que pasar por alto que en el mercado los valores de este producto están a un precio mucho menor del ofrecido por la empresa. En un país con una crisis económica como la que está atravesando la Argentina todo lo que tenga que ver con dinero del Estado, es decir, de todos los ciudadanos debe mirarse con lupa.

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