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El Intransigente
Reforma judicial

POLÍTICA

La reforma judicial y la casa de la domesticación, el Instituto Patria

El Senado se reúne hoy para tratar este proyecto de ley. El oficialismo forcejea para conseguir su aprobación a todo trance y a como dé lugar.

(Por Ricardo Mena-Martínez Castro).- No termina de desenredarse este espinoso asunto, pues a diario se suscitan situaciones diversas y apremios abusivos respecto a la probable pronta implementación de la reforma judicial que, tal como viene desde el kirchnerismo, no deja de sorprender su descaro. «Rápidos y furiosos”, diríamos en términos cinematográficos, son los forcejeos para su aprobación a todo trance y a como dé lugar, máxime con la inclusión posterior de la ya famosa cláusula Parrilli, que llena de vergüenza a la ciudadanía honorable y pensante. Se trata sin ambages de presionar a la prensa libre, amordazándola, dando para ello poder a los jueces salidos de la casa de la domesticación, el Instituto Patria, para sancionar al periodismo. El pretexto es si alguna nota vertida por una determinada prensa vulnera la Justicia y quién la valora. Entonces, ¿cuál es el parámetro para su evaluación?  

Dentro de los decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) promovidos por el presidente en ejercicio, seguramente motorizados por la astucia y premura de su vicepresidenta buscando infructuosamente una foja de servicios “de manos limpias», no existen circunstancias excepcionales en la Constitución que excluyan la prohibición que tiene el primer mandatario para dictar decretos dentro de la órbita legislativa. Los más conspicuos constitucionalistas del país aseguran que esta deslucida reforma se inscribe dentro de un avieso plan de impunidad para favorecer, indiscutidamente y a cara descubierta, a Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos, como también a los funcionarios que acompañaron a su jefa en la famosa década perdida. La maquinaria ya se puso en marcha desde el mismo momento en que los Fernández asumieron el control del estado.

Es sintomático que los puestos claves dentro de la Justicia ya estén ocupados por soldados del régimen de la devaluación política, con el agregado de la siniestra presencia de Carlos Zannini en la Procuración del Tesoro de la Nación, jefe de los abogados del Estado y asesor feble del acorralado Alberto Fernández.

Indudablemente, la Justicia necesitaba un aggiornamiento, pero no de esta manera abrupta y solapada. Además, con la urgencia que demanda la caótica situación sanitaria y económica provocada por la pandemia, hacen desde el sentido común una aberración explicable. Cristina y sus adláteres vienen por todo y con el cuchillo bajo el poncho, como en las viejas épocas del antiguo caudillismo, en busca de la tan ansiada certificación de una fementida honestidad para su “famiglia” e incondicionales de la pandilla.

No fue posible encontrar durante el plenario de comisiones que debatió esta apresurada reforma ningún artículo que asegure impunidad a quienes se encuentren tramitando procesos de hechos delictuosos contra la administración pública. También dentro de este proyecto se trata el tema de las subrogancias, que en el futuro pueden de alguna manera favorecer con impunidad hechos delictivos. Se tejen oscuros intereses entre bambalinas dentro de este engendro de reforma, ya sea del sistema acusatorio o de la controvertida mejora en su funcionamiento, por el traslado de los tribunales a la Capital Federal, como así también en el intento de refundar fueros.

De nuevo por un decreto de necesidad y urgencia -arma perfecta para el absolutismo gubernamental-, se crea un “consejo consultivo”, desde ya viciado de sospechas, pues en su estructura, si la hay, se encuentran dos de los principales defensores de los acusados, Carlos Arnaslian y Alberto Beraldi. Como buenos alfiles, ambos han introducido ya en la Suprema Corte recursos para que este supremo tribunal pueda trabar la continuidad de los procesos en curso. La grosera engañifa pretende asesorar al devaluado presidente acerca de cómo debe proceder la corte en los casos donde ambos letrados son patrocinantes. 

Argentina se ha visto agraviada con este superlativo conflicto de intereses y con los abusivos DNU, que, según los tratadistas, no existe necesidad ni urgencia, por lo tanto, se encuentran viciados de inconstitucionalidad. El presidente, de acuerdo a la Carta Magna que rige esta república, no puede intervenir en casos de índole legislativa.

Dentro de la arremetida cristinista, ya sin máscaras, atropellan impunemente contra el interino procurador de la nación, Dr. Eduardo Casal, para lo cual lo incendian con pedidos de juicio político, creándole falsa causas, a lo cual valientemente el imputado manifiesta enfáticamente que no renunciará.

El Gobierno no parece haber escuchado el clamor de una parte importante del pueblo que dijo «¡basta!» ante los atropellos y las falsas denuncias (fake news). Ponemos como ejemplo el caso del fiscal nacional José María Campagnoli, salvado gracias a las banderas argentinas que salieron a defenderlo. Fue suspendido arbitrariamente por un jurado de enjuiciamiento a pedido de la ex procuradora general de la nación Alejandra Gils Carbó, felizmente, sin funciones en la actualidad. El pedido se inició por una denuncia de la defensa de Lázaro Báez que denunciaron irregularidades en la investigación, naturalmente falsas.  

También resulta llamativa la revisión dentro del Consejo de la Magistratura sobre el traslado de diez jueces. Otra cuestión de gran relevancia es la del artículo 72 inciso E, que trata de amordazar la libertad de prensa, donde el faldero de Cristina, Parrilli, lamentablemente senador, pide a la Justicia que se proceda a denunciar el intento de los medios para presionar a los jueces en las investigaciones de hechos contra funcionarios públicos. ¡Circunstancia aterradora! ¿Puede esto ser posible?

¿Qué otra circunstancia nefasta alberga la reforma? Se trata de la ampliación de los juzgados federales y del sistema de subrogancias, donde el mayor número de vacantes, dada la lentitud existente para el nombramiento de nuevos jueces -aproximadamente tres años-, daría lugar a su reemplazo por jueces subrogantes con sus trajes hechos a medida, mediante procedimientos mañosos.

En definitiva, todos los procedimientos propuestos están viciados de componendas oscuras, más un drama agregado al final por Crisparrilli que, según el primer mandatario, es “un agregado casi ocioso”. Así está nuestra pobre Argentina, a merced de los filibusteros de la moneda y del poder, rumbo a una pobre Venezuela, manejada por un In-Maduro presidente. Felizmente, gran parte de la ciudadanía y la oposición argentina parecieran haberse puesto los pantalones largos. Veremos los acontecimientos en los días que sucedan. Hoy está reunido el Senado nacional para tratar la ley.

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