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SOCIEDAD

El Gobierno oficializó la suspensión de los desalojos hasta el 31 de enero de 2021

Además, prolongó el congelamiento de los alquileres y los créditos UVA.

El Gobierno anunció hoy, mediante el decreto 766/2020, publicado en el Boletín Oficial, la prórroga de la suspensión de los desalojos hasta el 31 de enero de 2021. Además, mediante la resolución 319/2020, extendió hasta la misma fecha el congelamiento de los alquileres y de los créditos UVA. Por último, alargó hasta febrero de 2021 el comienzo del abono de las deudas por diferencia de precio.

En el texto las autoridades argumentan que, debido a la crisis económica producida por la pandemia, muchos locatarios no podrán abonar el alquiler. Ese incumplimiento podría desembocar en un desalojo, lo que «agravaría la compleja situación que atraviesa un vasto sector de la población, y todo ello en el difícil marco de la evolución de la pandemia».

Siguiendo esa línea, el documento hace hincapié en el derecho a la vivienda y subraya que este se encuentra contemplado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que fueron «ratificados» por nuestro país. Además, remarca que se trata de un derecho que se encuentra amparado por la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 22 y en el artículo 14 bis.

El decreto también recuerda que la Corte Suprema «ha reconocido la constitucionalidad de leyes que suspenden, en forma temporaria y en un marco de razonabilidad, los efectos de los contratos, así como los de las sentencias firmes, con el fin de proteger el interés público en presencia de desastres o graves perturbaciones de carácter físico, económico o de otra índole». Por otra parte, recalca que el organismo judicial le otorgó al Congreso la facultad de aprobar las leyes que considere «convenientes» a fin de resguardar esos derechos.

Por último, en el documento se sostiene que la disposición «resulta razonable y proporcionada con relación a la amenaza existente, destinada a paliar la situación social, la cual se ha visto sumamente afectada por la pandemia de COVID-19». «El objetivo de la presente medida no es otro que evitar el agravamiento de la problemática respecto de la vivienda existente en nuestro país, lo cual traería aparejado un mayor deterioro en el tejido social», concluye.

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