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El Senado bonaerense aprobó una ley para que los fallos y disposiciones se escriban con un «lenguaje claro»

La medida fue impulsada por la legisladora Laura Aprile.

Los fallos judiciales, las disposiciones legales y los demás escritos formales representan para el ciudadano de a pie de difícil comprensión. En este marco, el Senado bonaerense aprobó un proyecto de ley que contempla la implementación de un “lenguaje corriente” en textos que brinden información pública. Es con el fin de garantizar un mejor entendimiento de los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones.

La disposición aprobada por la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires fue presentada por la legisladora de Juntos por el Cambio Laura Aprile. La reglamentación detalla que su fin es “garantizar el derecho a la compresión en la información pública y pretende promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro en los textos legales y formales”. Según indicó su impulsora, los funcionarios públicos tienen la obligación de “hacerse entender” y los ciudadanos el “derecho a comprender”.

En su cuenta de Twitter, Aprile detalló que el Estado debe “garantizar la comprensión, de los derechos y obligaciones de los ciudadanos”. En este sentido, agregó que la nueva disposición llega a plantear una solución ante este problema y describió de qué manera debe hacerlo. “Para esto, este debe comunicar sus decisiones de forma clara y efectiva. Utilizar vocabulario corriente, con expresiones sencillas y párrafos breves”, agregó y citó como ejemplo evitar el uso de ciertos tecnicismos jurídicos.

En referencia a este punto, la medida impulsada por Aprile dispone que en los escritos debe evitarse el uso de “palabras en latín y frases excesivamente formales como ‘Autos y vistos’“.  En este sentido, agregó que, a través de este cambio, no debería ser necesario que haya “intermediarios que deban ‘traducir’ o interpretar” las normas y disposiciones“.

Este cambio de paradigma acerca de los escritos formales se debate en el ámbito legal desde hace un tiempo. Por caso, en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, el Poder Legislativo de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ), comenzaron a trabajar en el uso de nuevos lenguajes para facilitar la lectura ciudadana.

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