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POLÍTICA

En medio del aumento de la deforestación durante la cuarentena, el Gobierno impulsa una reforma de la Ley de Bosques

Argentina perdió un 70% de los bosques durante los últimos 70 años. Entre marzo y mayo últimos, se perdieron 14.906 hectáreas, siendo Chaco la provincia más afectada. En ese marco, el gobernador Jorge Capitanich busca llevar a cabo un ambicioso plan ganadero, que ya recibió fuertes críticas por parte de varias organizaciones medioambientales. Además, en 2019 la Oficina Anticorrupción denunció al Fondo Nacional de los Bosques Nativos por malversación de fondos.

El Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, a cargo de Juan Cabandié, impulsa una serie de modificaciones a la Ley de Bosques y uno de los principales cambios es la prohibición de los desmontes en todo el país. Según le confirmaron desde la cartera a El Intransigente, el objetivo es que la deforestación sea considerada un delito penal, sin importar el lugar del territorio argentino en el que se lleve a cabo la acción.

Además, desde el Ministerio precisaron que los fondos serán otorgados de manera directa a las provincias a través de la coparticipación, por lo que los montos aumentarán del 2% al 5%. Acorde con el presupuesto de este año, esto último equivale a $25.000 millones, que se distribuirán entre los Gobiernos provinciales y los productores.

Por último, el proyecto plantea cambiar los términos «regular» y «controlar» la deforestación por «detener» y «evitar». Además, incluye el concepto de «arraigo cultural» y aclara que la titularidad debe alcanzar a los campesinos e indígenas que en la actualidad no forman parte de este beneficio.

La Argentina cuenta con una Ley de Bosques, sancionada en el 2007, la cual establece que cada provincia decidirá las zonas que quiere preservar y las que desea transformar. Asimismo, indica que los fondos destinados a políticas de protección ambiental de los bosques nativos deben ser superiores al 0,3% del total del presupuesto nacional.

Denuncia por malversación de fondos

A principios de enero del año pasado, Laura Alonso, quien se encontraba al frente de la Oficina Anticorrupción (OA), presentó una denuncia penal contra el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Allí argumentó que el organismo solo rindió entre 2010 y 2016 el 23% de los fondos que le fueron transferidos a las provincias.

Acorde con el comunicado de prensa que la OA emitió en el 2019, el Fondo debía destinar el 70% del dinero a los titulares de las tierras donde se encuentran los bosques nativos a modo de compensación. El 30% restante debía utilizarlo para llevar adelante programas de fortalecimiento. No obstante, la entidad afirmó que, entre 2010 y 2016, los miembros del Fondo le giraron a las provincias $1.506.335.984, pero solo rindieron $349.676.660, lo que es igual al 23% del total.

El crecimiento de la deforestación durante el aislamiento

Según un informe de Greenpeace entre el 15 de marzo y el 31 de mayo de este año se perdieron 14.906 hectáreas, lo cual equivale al 75% de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Esos desmontes se llevaron a cabo en el Gran Chaco, integrado por las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta y Chaco. Según el estudio, de las 14.906 hectáreas, 7.759 corresponden a Santiago del Estero; 3.073, a Formosa; 2.435, a Salta, y 1.639, a Chaco.

Chaco: la provincia más afectada por los desmontes

El Gran Chaco es la región boscosa más extensa de Latinoamérica después del Amazonas y se encuentra hoy entre los 11 sitios con mayor deforestación del mundo. Chaco perdió 130.000 hectáreas en los últimos cuatro años, por lo que se convirtió en la provincia con mayor desaparición de bosques durante ese período. Además, la ONG asegura que la deforestación sumada al aumento de las lluvias, a raíz del cambio climático, provocaron que durante ese lapso se incrementaran las inundaciones. También subraya que, desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019, Chaco fue la provincia con más cantidad de inundaciones.

Fuertes críticas al plan ganadero de Jorge Capitanich

A fines de enero de este año, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, presentó el Plan Ganadero 2020-2030, cuyo principal objetivo, según el sitio oficial de la Provincia, es aumentar el stock de cabezas de ganado bovino en 3.2 millones. Las autoridades invertirán $2.500 millones y destinarán 3.402 millones al desarrollo de los frigoríficos para incrementar la exportación. En el acto oficial, el mandatario chaqueño afirmó: «El plan pretende asegurar un modelo más equitativo para pequeños productores ganaderos, generar un mayor valor agregado industrial y promover exportaciones directas sin tener que comercializar el ganado en pie». «Necesitamos aumentar las cabezas de ganado y la calidad, incorporando valor agregado al producto para sacar el máximo de beneficio posible», agregó.

Sin embargo, la agrupación «Compromiso Gran Chaco», conformada por 55 organizaciones, busca recuperar los bosques de la región. A través de su sitio web, alerta que «Chaco se encuentra en emergencia y nos necesita» y añade que «el Gran Chaco es una de las regiones más amenazadas del planeta». La ONG precisa que la región constituye un «pulmón de salud y medicina» y que podría brindarle muchos beneficios a la Argentina. No obstante, subraya que, debido a la deforestación y a los «negocios inmobiliarios», el Gran Chaco se encuentra en peligro.

En la misma línea, Greenpeace aseveró que la mayoría de estas iniciativas se lograrán a «expensas de los bosques nativos chaqueños», los cuales serán «destruidos». Además, remarcó que la mayoría de los productores agropecuarios no son oriundos del Chaco, sino que provienen de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y hasta algunos casos, del exterior. Según la organización, esto se debe a que el valor de una hectárea en terrirorio chaqueño se ubica entre los 300 y 500 dólares, «con los bosques incluidos», mientras que en las otras regiones el precio oscila entre los 10.000 y 15.000 dólares.

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