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Ley de víctimas

POLÍTICA

En pleno aumento de los delitos, el oficialismo y la oposición enfrentados por la Ley de Víctimas

El Frente de Todos se retiró de la sesión virtual y Juntos por el Cambio lo acusó de no querer trabajar en conjunto. La ONG Usina de la Justicia también apuntó contra la agrupación kirchenerista. Mientras los delitos crecen, Sabina Frederic asegura que bajaron y responsabiliza a los medios.

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El Senado bonaerense discutió la semana pasada la adaptación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires a la Ley de Víctimas, que fue sancionada en el Congreso en el 2017. Acorde con lo aprobado, las jurisdicciones deben tomar lo establecido a nivel nacional o adecuar sus preceptos a la normativa 27372 que es de carácter público. En este último grupo, se halla el distrito comandado por Axel Kicillof.

El rechazo de las organizaciones de víctimas al proyecto oficialista

La organización Usina de la Justicia, creada por Diana Cohen Agrest cuyo hijo Ezequiel fue asesinado en 2011, se manifestó en contra de la iniciativa presentada por el Frente de Todos. A través de su cuenta de Twitter, la ONG aseguró que se trata de una propuesta que no tiene como fin proteger los derechos de las víctimas. En relación con esto, subrayó: «La única vez que se menciona a las víctimas no es para otorgarles un derecho sino para recortárselos». «Dice (el proyecto) que las asociaciones de víctimas solamente podrán actuar en favor de éstas cuando se trate de: delitos de lesa humanidad, violencia de género, femicidios o delitos contra el MA», añadió.

A su vez, calificó al texto de «cínico» y remarcó que la iniciativa solo busca proteger a quienes sufrieron ciertas acciones delictivas y no a las víctimas de todo tipo de delitos. «Un planteo que revela la ideología -o los preconceptos- de quienes promueven esta visión de la justicia: las únicas víctimas que merecen compasión y asistencia estatal son las de la dictadura y las de femicidio o trata. ¿Y las víctimas de delito común?», resaltaron los miembros de la fundación.

El Frente de Todos abandonó la votación

Usina de la Justicia hizo hincapié en el hecho de que los senadores del Frente de Todos optaron por irse de la votación del proyecto que se estaba llevando a cabo mediante la plataforma digital Zoom a raíz de la pandemia. De hecho, Francisco Durañona, dirigente oficialista y titular de la Comisión de Legislación General, abandonó el encuentro que estaba siendo encabezado por el área que él preside.

Acerca de la actitud del oficialismo, la organización expresó: «La realidad es que el Frente de Todos se retiró de la votación del otro proyecto de ley de víctimas en el que tabajamos arduamente desde UJ para incluir verdaderos derechos y garantías, y no este caballo de Troya que querían aprobar». El espacio oficialista justificó su accionar y argumentó que la postura adoptada por la oposición había sido «desleal» y «antidemocrática». Juntos por el Cambio, tal como informó El Intransigente, le respondió al oficialismo y sostuvo que el partido kirchnerista «no mostró la mínima vocación para trabajar en pos del consenso».

La liberación de los presos en plena pandemia

Hasta fines de julio pasado, según un informe llevado a cabo por la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) del Ministerio Público en conjunto con la Procuración Penitenciaria Federal, más de dos mil presos fueron liberados en el contexto del COVID-19. Además, el estudió hizo hincapié en los arrestos domiciliarios, que se multiplicaron por doce en comparación al mismo período de 2019. En ese sentido, los organismos detallaron que, entre mitad de abril y mayo del año pasado, 62 reclusos recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria, mientras que este año en el mismo período esa cantidad ascendió a 735.

Otro punto que resalta el informe es la disminución de la población carcelaria. En ese sentido, señala que, entre marzo y junio últimos, el numero de presos tras las rejas bajó de manera considerable. Como ejemplo, las autoridades afirman que ya a principios de abril pasado no había en las prisiones «sobreocupación general».

Un caso reciente

La justicia de Tucumán liberó, en el marco del coronavirus, a un hombre de 71 años de apellido Leiva que había sido condenado por abuso sexual. Al salir de prisión, este individuo volvió a su barrio y comenzó a acosar a su vecina, una niña de 12 años. Ante lo sucedido, la chica se vio obligada a irse a vivir a la casa de un pariente. El individuo obtuvo el arresto domiciliario en el contexto de aquellos presos que fueron considerados pacientes de riesgo de COVID- 19 y, por lo tanto, ciertos jueces decidieron otorgarles el beneficio.

La palabra de Sabina Frederic

A mediados de julio pasado, la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic, aseguró que entre enero y mayo de este año se llevaron a cabo 309 robos cada 100 mil habitantes, lo cual en comparación con el mismo período de 2019 implica, según detalló, una baja de esos delitos del 26%. Además, en una videoconferencia con los miembros de Seguridad interior y Narcotráfico del Senado, la funcionaria indicó que en ese mismo lapso de tiempo se produjeron 855 asesinatos y remarcó que esa cifra representa una disminución del 5% si se compara con el año anterior.

A principios de agosto último, Frederic volvió a pronunciarse sobre la inseguridad en el marco de la pandemia y sostuvo que «los robos no son muchos, lo que pasa es que los medios de comunicación los hacen visibles». En el contexto de una entrevista brindada el centro Wilson Center, la integrante del Gobierno nacional afirmó que los casos de violencia en la Argentina no son muchos y destacó que «por suerte, nuestro país tiene una gran intolerancia a la violencia».

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