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SOCIEDAD

Jorge Difonso, sobre la toma de tierras: «Tienen un trasfondo político e inmobiliario»

El diputado mendocino mantuvo un diálogo exclusivo con El Intransigente.

El conflicto por la toma de tierras se convirtió en un tema de agenda nacional para los distintos gobiernos. Mendoza es una de las provincias que no escapa a esta preocupación y desde el arco político trabajan en cómo afrontarlo. El Intransigente realizó una entrevista exclusiva al diputado provincial por el Frente Renovador Jorge Difonso, que se refirió a la posible prohibición de cobrar beneficios sociales para las personas que usurpen tierras.

El integrante de la Legislatura mendocina presentó la semana pasada un proyecto de ley que establece que toda aquella persona física o jurídica “que esté inmersa en el delito de usurpación” no pueda acceder a beneficios fiscales, impositivos y sociales. El proyecto cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe tratarse en el Senado de la provincia cuyana.

“Esta problemática tiene un trasfondo político y, en algunos lugares, un trasfondo inmobiliario porque hay gente, empresas vinculadas. Creo que ahí sí se utiliza la necesidad real, que es el acceso a la vivienda. Pero es utilizada esta realidad con fines políticos por algunos dirigentes”, denunció el diputado en diálogo con El Intransigente. En las últimas semanas, se reportaron usurpaciones en el Valle de Uco, Luján de Cuyo y Guaymallén, entre otras localidades. 

En este sentido, el legislador insistió en la necesidad de aprobar el proyecto porque, de lo contrario, el Gobierno “sería cómplice” de los avances contra el derecho a la propiedad privada. “El Estado no puede obviar esta metodología que, por medio de la violencia o el engaño, se obtiene este tipo de beneficio invadiendo la propiedad privada o la propiedad del Estado”, detalló Difonso. 

¿Se podrá aplicar el proyecto a nivel nacional?

Al ser consultado sobre la potabilidad de que el proyecto de ley se amplíe al territorio nacional, Jorge Difonso sostuvo que sería “necesario” que se aplique. En el mismo sentido, argumentó que es momento de que el Gobierno se muestre defensor “de las personas que realizan los trámites y trabajan para obtener sus cosas”. 

“No se puede priorizar a las personas que por violencia o engaño adquieren una posición de fuerza que llegan a extorsionar al Estado para obtener los beneficios, hay que garantizar el servicio, todos los servicios pero siempre priorizando la plena vigencia de la ley y respetando los derechos de todos”, sentenció el diputado mendocino del Frente Renovador.

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