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SOCIEDAD

La Justicia ordenó el desalojo de una toma de tierras en Guernica

Se trata de casi 100 hectáreas ocupadas por unas 2.500 familias en condiciones de vulnerabilidad.

La Justicia dispuso este martes el desalojo de la toma de tierras en Guernica, Presidente Perón. La Cámara de La Plata resolvió “recurrir al auxilio de la fuerza pública” si fuera necesario y ordenó “el allanamiento para efectividad el lanzamiento peticionado por el Ministerio Público Fiscal a los fines de hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo”, según indica la resolución. 

En el texto, sostienen que “el desalojo colectivo deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”. Los jueces también informaron que “para la diligencia a llevarse a cabo, se podrá otorgar la facultad al señor Agente Fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública -de ser necesario- la cual deberá ejecutar el presente con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes que allí se hallaren”. 

De todos modos, los magistrados aclararon que solo podrán acudir a la fuerza “en lo que resulte indispensable y en la menor medida posible”, y que “deberá ser necesaria la presencia del servicio de asistencia médica, ambulancia, internación y/o traslado de las personas y otros que se requieran”. Actualmente, más de mil personas se encuentran instaladas en condiciones de vulnerabilidad, en las casi 100 hectáreas que ocupa el terreno.

Según indican las autoridades, las personas comenzaron a instalarse a partir del 20 de julio, poblando de a poco toda la zona con viviendas precarias. Son aproximadamente 2.500 familias quienes decidieron ocupar los terrenos con casas construidas por ellos mismos con materiales como chapas, piedras, lonas, ladrillos y maderas. Algunos vecinos del lugar quieren ayudar a las familias haciendo llegar luz, entre otras acciones que realizan sin ser descubiertos por la policía ni las autoridades que intentan frenar el avance de los asentamientos. 

En la resolución, remarcaron que “el juez garante deberá ordenar se proceda a la desconexión de instalaciones precarias, clandestinas e ilegales que pudieren haberse realizado en el marco de la toma de lotes, a fin de priorizar el derecho a la salud de todos los intervinieres”. Además, solicitaron una “orden de lanzamiento y restitución del inmueble a los damnificados”.

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