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Ley de Economía del Conocimiento

SOCIEDAD

Ley de Economía del Conocimiento: fuerte reclamo empresario

Advirtieron acerca de las consecuencias económicas en caso de no sancionarse.

Desde el sector empresarial, le reclamaron a la titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, que se destrabe la Ley de Economía del Conocimiento. En ese marco, advirtieron acerca de las consecuencias económicas en caso de no sancionarse. Al respecto, las compañías de software o de la economía del conocimiento esperan que el Senado trate el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados desde junio.

Y es que esta iniciativa beneficiaría a un sector que posee el potencial de vender al exterior unos USD 6.000 millones por año. Se trata de la Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI), entidad que aglutina a más de 1.500 empresas resaltó que, en caso de no aprobarse, se corre el riesgo de que se pierdan unos 11.200 puestos de trabajo durante este año, al tiempo que pérdidas por facturación por un valor de $33.400 millones.

Es por ello que emitió un comunicado en el que se destaca que “esta nueva reglamentación apunta a facilitar el acceso de las Pymes al régimen de promoción. Para tal fin, el 70% de su facturación total durante el último año deberá provenir de estas actividades. Además, las organizaciones podrán convertir en un bono de crédito fiscal transferible, por una única vez, el 70% de las contribuciones patronales que hayan pagado al sistema de seguridad social”.

En lo que hace al proyecto, su objetivo pasa por impulsar el desarrollo de emprendimientos económicos y productivos que se basen en la utilización intensiva de tecnología, con la implementación de beneficios impositivos. Al respecto, senadores oficialistas y opositores planean realizar modificaciones en la ley. De todos modos, los dos sectores coincidieron en el hecho de que el sector del software es de los que más exportaciones registra.

Mientras que se elimina el requisito establecido en la ley aprobada en el 2019, ya que obligaba a las provincias a adherir al régimen por medio de una ley que apuntara a la estabilidad fiscal y brindara otros ofreciera beneficios extra, razón por la cual solo seis provincias adhirieron. La versión actual del proyecto de ley introduce la cláusula de estabilidad fiscal por un plazo de diez años para las compañías.

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