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POLÍTICA

Mientras que el oficialismo celebra el traspaso de fondos, la oposición sostiene que es inconstitucional: ¿quién tiene razón?

Máximo Kirchner y Santiago Cafiero aseguraron que Mauricio Macri «hizo lo mismo, pero en beneficio propio». En paralelo, Horacio Rodríguez Larreta anunció que recurrirá a la Justicia.

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, respaldaron la decisión del presidente Alberto Fernández de quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Ambos afirmaron que Mauricio Macri solo le dio plata al distrito más rico en detrimento del resto del país y rechazaron el riesgo de que la norma sea inconstitucional.

«(Macri) le dio más a la ciudad más rica: la metáfora perfecta de lo que piensa. Engordaron a la ciudad más rica del país en detrimento del resto y nadie habló de la constitucionalidad del decreto. Era tan grosero (el incremento) que después lo bajaron un poquito. Ahora, cuando Alberto Fernández quiere redistribuir es anticonstitucional», sostuvo el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.

En esta línea el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que, con la quita de fondos a la Ciudad, el Gobierno nacional lleva a cabo lo mismo que hizo el expresidente Mauricio Macri, pero al revés. «Macri le dio más plata a la ciudad más rica por decreto. Lo que estamos haciendo es lo mismo, pero en el sentido contrario para beneficiar a la mayoría», resaltó el dirigente.

¿De dónde surge el problema?

Ayer, el jefe de Gobierno porteño manifestó en conferencia de prensa que van a elevar el tema a la Justicia. En efecto, tal como publicó El Intransigente, esta mañana trascendió que Horacio Rodríguez Larreta ya firmó un decreto para presentar una medida cautelar ante el Poder Judicial contra la medida de Alberto.

El primer punto problemático que surge a la hora de analizar el tema es que La ley de Coparticipación (23.548) se articula en 1988, es decir, cuando aún no existía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1994, cuando se reforma la Constitución y se incorpora CABA, se establece en el artículo 65 que el Congreso deberá dictar una nueva norma que sea ratificada por las 24 provincias. En aquel entonces, se dispusieron dos años para que esto suceda, pero hasta el día de hoy aún no se dictó la ley.

En este contexto, a principios del año 2003, un decreto estableció en 1,40% la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2016, el Gobierno de Macri fijó por otro decreto la coparticipación de CABA en el 3,75%. Luego, en 2017 se dictó el consenso fiscal aprobado por ley de la nación, que afirmó que se debía reducir (pero no cuánto) la coparticipación de la Capital Federal. Allí el entonces jefe de Estado, nuevamente mediante un decreto, la bajó un 0,25% y la fijó en 3,50%.

Ahora, el decreto de Fernández deroga todas las disposiciones de Macri y fija la coparticipación de la Ciudad en 2,32% hasta que el Congreso saque la ley de transferencias (que en caso de que suceda, podría devolver a 1,40% la tasa de la Capital). “En el mientras tanto, la Ciudad va a percibir el 2,32% y, una vez que se debata en el Congreso, eso se puede modificar. La propuesta del Poder Ejecutivo es que la Ciudad de Buenos Aires vuelva al porcentual del año 2003 del 1,40%”, explicó el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat a El Intransigente.

En esta senda, Barcesat asegura que es muy difícil de definir si el problema se resolverá en el Congreso o en la Corte. Respecto a la postura del Gobierno porteño de llevar el tema a la Justicia, el especialista manifestó: “Lo primero que les diría es que piensen un poco, porque ustedes, entre Larreta y Macri, tramaron tres decretos donde se metieron en el tema. Se llevaron una buena parte del motín, ahora no pongan el grito en el cielo”. A lo que agregó: “Algunos lo están difundiendo como decreto de urgencia, no, es un decreto reglamentario. Pone la pelota en el campo del Congreso de la Nación y le dice ‘bueno, ustedes tienen que dictar esa ley de transferencias de las funciones no federales’”.

Entonces, ¿la Ciudad no puede reclamar nada ante el Poder Judicial?

Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la parte judicializable radica en la diferencia entre el coeficiente fijado por el Decreto 735/2020 (2,32%) y el presupuesto necesario que demanda la transferencia de la Policía Federal. Con los antecedentes detallados anteriormente, el constitucionalista afirmó: “Desde el punto de vista formal y habida cuenta de los antecedentes verificados, el Presidente Fernández está habilitado para dictar el Decreto 735/2020 y disminuir el coeficiente destinado a la CABA”. En otras palabras, que el decreto del presidente que baja un punto las transferencias es constitucional. Sin embargo, para él el reclamo a la Corte podría aparecer por la imposibilidad de cumplir los gastos que requiere la transferencia de la seguridad (párrafos 3 y 5 del artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional).

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