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Reconocimiento facial

SOCIEDAD

Reconocimiento facial: la Legislatura porteña debate su regularización en los espacios públicos

Organizaciones civiles denunciaron que el sistema de seguridad atenta contra los Derechos Humanos.

La tecnología biométrica que permite el reconocimiento facial, se volvió una herramienta clave en el área de la seguridad, según detalló el Gobierno porteño. No obstante, desde algunos sectores denuncian que este sistema atenta «contra los Derechos Humanos de los ciudadanos». En este marco, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires inició un debate para regular la implementación de los sistemas de inteligencia artificial en el espacio público. 

Esta semana, Legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el fin de reformar el  Sistema Integral de Seguridad Pública. En el mismo, insisten en incorporar al debate la regulación del Sistema de Reconocimiento Facial (SRF). El documento, que lleva la firma de los legisladores  Claudia Neira, Claudio Américo Ferreño, Victoria Montenegro y Santiago Luis Roberto, comenzó a tratarse en la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña.

En 2019, el Gobierno porteño instaló el sistema de reconocimiento facial en 300 cámaras de vigilancia de la ciudad. Pero en su implementación, el programa presentó fallas y arrojó falsos positivos en el proceso de reconocimiento. Los legisladores, en consonancia con diversas organizaciones civiles, alegan que el sistema de vigilancia masiva en espacio público “impacta directamente sobre los Derechos Humanos de toda la ciudadanía”.

La denuncia de organizaciones civiles

La Fundación Vía Libre, una de las organizaciones firmantes, publicó un documento donde fundamenta la necesidad de regular el uso del reconocimiento facial.  “Son sistemas que impactan directamente sobre los Derechos Humanos de toda la ciudadanía, incluyendo aspectos centrales como el derecho a la privacidad, el debido proceso, la presunción de inocencia, la libre circulación y la libertad de reunión en el espacio público”, detalla el comunicado.

En la misma línea, el informe señala que el SRF es un sistema “invasivo”, que nunca antes había sido instalado en democracia. Además, su implementación constituye un “retroceso en materia de discriminación” debido a la forma de analizar que implementa, la cual reconoce a los sospechosos según la fisionomía.  El documento también fue respaldado por otras organizaciones como  AccessNow, ADC, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y ODIA.

Por último, la contundente denuncia señala que “la conformación de bases de datos biométricas supone la vulneración de derechos fundamentales en materia de protección de datos sensibles” para los ciudadanos y alega que la tecnología es criticada en diversos países del mundo.

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