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Para solucionar la toma de tierras, se aprobaron los montos destinados al plan «Habitar la Emergencia»

La medida fue difundida por el Gobierno Nacional en el Boletín Oficial.

En una semana marcada por los conflictos de toma de tierras, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat a cargo de María Eugenia Bielsa, publicó en el Boletín Oficial (BO) los montos que el Gobierno nacional destinará a cada distrito, en el marco del programa «Habitar la Emergencia», cuyo objetivo es llevar adelante un conjunto de acciones enfocadas al mejoramiento del hábitat, a la reducción del déficit de vivienda y la infraestructura sanitaria.

Bajo la Resolución N° 51/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, publicada en el BO, se detallan en los anexos adjuntos los montos máximos que cada provincia destinará para llevar a cabo el programa Habitar la Emergencia, una medida que apunta a dar una solución en un tema tan sensible y que hoy es el eje de la agenda política de Alberto Fernández, como lo es la cuestión de la vivienda y la pobreza.

En el BO del viernes 30 de octubre de 2020, el Secretario de Hábitat comunica que a través de la Resolución 51/2020 «apruébanse los Montos Máximos Financiables aplicables al Subprograma Habitar la Emergencia, creado por la Resolución N.º 16 del 7 de agosto de 2020 de la SECRETARIA DE HÁBITAT, que se indican en el Anexo I (IF-2020-72980325-APN-SH#MDTYH) que integra la presente medida».

El objetivo de «Habitar la Emergencia» es promover la inclusión social, la capacitación de los trabajadores en el empleo de nuevas tecnologías limpias, la generación de nuevos puestos de trabajo, la reducción de los costos para las familias y la eficiencia energética, aclararon desde la cartera de Desarrollo. También se van a dinamizar las áreas de la industria con el desarrollo tecnológico y la mano de obra calificada.

Desde el Gobierno resaltaron que el contexto de la pandemia de coronavirus evidenció aún más la interdependencia del derecho a la vivienda y la defensa del derecho a la salud, como así también su impacto en el derecho a la educación y al trabajo. En ese sentido las obras deben enfocarse en «incorporar criterios de eficiencia energética que contribuyan al derecho a un ambiente sano», aclararon desde el Ministerio.

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