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El proyecto de reforma judicial en España prende las alarmas en la Unión Europea

Bruselas recordó que los Estados miembro deben «seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no esté amenazada».

Una reforma judicial, que según sus detractores podría dañar la independencia del poder judicial, acrecienta la polémica y el debate en España. A su vez, preocupa en los pasillos de la Comisión Europea, que también sospecha que erosionan al rol de la justicia. En este sentido, para el gobierno de izquierda del socialista Pedro Sánchez, el riesgo es ser comparado con los cuestionados Hungría y Polonia.

Como señaló AFP, la reforma presentada por los partidos que gobiernan en coalición, socialistas y Podemos (izquierda radical), concierne las modalidades de renovación de doce de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un órgano independiente a cargo de nombrar a los jueces. Los miembros del Consejo son elegidos por las dos cámaras de las Cortes Generales (Congreso de los diputados y Senado).

«Anomalía institucional»

La polémica estalló a fines de septiembre, cuando la Comisión Europea dio un toque de atención a España en su informe sobre el estado de derecho en la Unión Europea, por no haber renovado los miembros del CGPJ, cuyo periodo expiró dos años atrás. Principalmente, la comisión pidió que el CGPJ no sea visto como «vulnerable a la politización», un recordatorio de la necesaria separación de los poderes ejecutivo y judicial.

Los miembros del CGPJ no han podido ser renovados por el desacuerdo entre el gobierno de coalición y la oposición de derecha, agrupada alrededor del Partido Popular (PP). Desde hace casi dos años, España adolece de una «anomalía institucional», resumió el presidente del CGPJ, cuyos miembros, con un mandato de cinco años ya vencido, siguen trabajando de forma interina.

El impasse actual se enmarca en la feroz batalla entre los socialistas y Podemos por un lado y el PP por otro, que han chocado con dureza por la gestión de la lucha contra el covid-19. El proyecto de reforma permitiría que los doce miembros del CGPJ que tienen que ser jueces sean electos por mayoría absoluta y no calificada (tres quintas partes) en el Parlamento. Sus defensores justifican la iniciativa por la actitud del PP, al que acusan de negarse a llegar a un acuerdo y «bloquear» el sistema.

Pero el proyecto, además de irritar a la oposición, generó inquietud en una parte de la magistratura. El temor es que el gobierno de coalición de izquierda pueda, mediante la mayoría absoluta, elegir a doce jueces ideológicamente cercanos, al no necesitar los votos del PP, mientras que el sistema en vigor obliga a los partidos a llegar a acuerdos y compromisos.

«Un paso atrás»

El proyecto tuvo eco en Bruselas, que recordó que los Estados miembro deben «seguir los estándares europeos para garantizar que la independencia judicial no esté amenazada». Interrogado por la AFP, Christophe Wigand, portavoz de la comisión, indicó que Bruselas «sigue de cerca el desarrollo» de este tema.

La Asociación europea de Jueces mostró de su lado «su gran preocupación», al considerar la iniciativa «un paso atrás», que «aumentará el riesgo de influencia política indebida en el nombramiento de los miembros del Consejo y en el sistema judicial en su conjunto», y sembrará dudas «sobre una independencia judicial efectiva».

«España no es Polonia y no es Hungría«, declaró a la AFP Pablo Castillo, profesor de Derecho en la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Estos dos países fueron objeto de duras críticas en el primer informe sobre estándares democráticos de la Comisión Europea, publicado en septiembre, donde el ejecutivo europeo expresó su «seria preocupación» por la independencia judicial en ambos países.

El proyecto en España «no va a provocar una desconsolidación del estado de derecho», dijo Castillo, aunque a su juicio «tampoco favorece la independencia judicial». Si bien está lejos de lo ocurrido en Polonia y Hungría, la reforma «sí que recuerda a cosas que han pasado en estos países», señaló el experto. «La cuestión de la independencia judicial no es dicotómica, de blanco o negro, sino una cuestión de grados», concluyó. El CGPJ convocó una sesión extraordinaria para el 28 de octubre ante los recientes acontecimientos.

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