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SOCIEDAD

La Sociedad Rural cargó contra el Gobierno por su “presencia no justificada” en las distintas “usurpaciones” que hay en el país

Denunciaron «pasividad» de los poderes de la República Argentina.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) manifestó en las últimas horas su «alarma y repudio» ante lo que consideró «el apoyo indebido o la presencia no justificada» de funcionarios del Gobierno en las «tomas ilegales de tierras, propiedades y edificios públicos, que están proliferando a lo largo y ancho del país». Este cruce con la administración de Alberto Fernández se originó a partir del conflicto por las tierras de Luis Miguel Etchevehere.

El actual Gobierno nacional lanzó acusaciones contra el extitular de la SRA y exministro de Agricultura de Mauricio Macri, y fue a partir de allí que la entidad se pronunció contra el Poder Ejecutivo Nacional, afirmando que «la presencia de funcionarios públicos de manera presencial o virtual entre los usurpadores, pueden ser interpretadas como un aval del Estado a una metodología ilegal», dijo la entidad en un comunicado.

En este sentido, ejemplificó con los casos de “las prolongadas tomas del Sur, las del Conurbano bonaerense, la de un socio nuestro en la provincia de Entre Ríos y, lamentablemente, en otros tantos rincones de la Patria, como en Jujuy, o en Junín y Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. La SRA agregó que «preservar el contrato y la paz social es sostenible únicamente mediante el respeto y el acatamiento irrestricto a la Constitución Nacional y a las leyes».

Asimismo, acusaron que «las usurpaciones como modus operandi se están extendiendo ante la pasividad de los poderes de la República, que están descuidando su función principal que es ordenar». «Esto puede traer consecuencias imprevisibles para todos los ciudadanos de la Nación», advirtió la entidad que dirige Daniel Pelegrina.

Y explayó su preocupación respecto de «si ese rol (de ordenar) es asumido por referentes sociales que no han sido elegidos por el pueblo». Por otra parte, señaló que «los argentinos deseamos preservar el pacto social; vivir bajo un Estado que asegure sus derechos y garantías, su seguridad física y la de sus familias, el valor de su trabajo y su moneda, sus propiedades, sus ahorros, su salud y, sobre todo, la paz social».

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