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Luis Miguel Etchevehere

SOCIEDAD

Para Luis Miguel Etchevehere, Juan Grabois y su hermana, Dolores integran una «asociación ilícita pesada»

El exfuncionario de Agricultura criticó la resolución del magistrado, Raúl Flores, quien no hizo lugar al desalojo.

El exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, habló tras la decisión del juez, Raúl Flores, de negar el desalojo de su hermana, Dolores y de los integrantes de la agrupación «Artigas», quienes se encuentran en el campo familiar situado en Santa Helena, una localidad de Entre Ríos. En ese sentido, aseveró que la iniciativa forma parte de un «negocio» del cual el dirigente social Juan Grabois planea quedarse «a cambio con un 40 por ciento» de la propiedad ubicada en la provincia.

En declaraciones radiales, el exmiembro del macrismo acusó a las funcionarias nacionales que intervinieron en la audiencia judicial de «hacerle caritas» al abogado querellante para «sacarlo de eje» y «bardear» el proceso judicial. «La cuestión de fondo es que acá un estudio de abogados presta una fuerza de choque, mete 40 tipos en un campo, tiene la Justicia a favor, los funcionarios nacionales a favor, complicidad del Gobierno nacional y Gobierno provincial, a cambio de un 40 por ciento: ése es el negocio de Grabois», afirmó.

Siguiendo esa línea, el exfuncionario aseguró que su hermana y el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) forman parte de «una asociación ilícita pesada» y subrayó: «Hay que tener poder para meterse en los Tribunales con semejante nivel de impunidad». En relación cuestionó la participación de directora nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia, Gabriela Carpinetti y la integrante del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Justicia, Daniela Verón, en la cita judicial ante el juez Raúl Flores.

«Fue insoportable la presión que ejercieron esas mujeres sobre nuestro abogado, Rubén Pagliotto: se reían, le hacían caritas, chistes, para desconcentrarlo. La pucha que son una asociación ilícita pesada, que cuando se va el juez de garantías logra meter dos funcionarias nacionales en un juicio de la Justicia provincial a bardear la audiencia y sacar de eje al abogado querellante», sostuvo el exministro. No obstante, subrayó: «Título de propiedad mata relato».

Para concluir, criticó la decisión del magistrado y manifestó: «Es absurdo que el juez haya dicho que no define el desalojo porque no conoce la ley. Y después, ¿cómo un juez nos va a mandar a callar? Es un abuso, una aberración jurídica: primero nos dijo que traten de vivir como una familia y después que ninguno de los que está afuera con el campo usurpado puede expresarse».

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