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Créditos: Télam

SOCIEDAD

«Preocupa la pasividad del Estado»: el contundente reclamo de productores agrícolas por la toma de tierras

Empresarios rurales de cuatro cadenas productivas emitieron un comunicado público y criticaron el rol del Gobierno nacional.

El conflicto de la familia Etchevehere por la ocupación de un campo en la localidad de Entre Ríos, agitó las aguas entre los productores agrícolas que repudiaron el «accionar ilegal». Esta mañana, entidades que agrupan a cuatro cadenas productivas afirmaron que «preocupa la pasividad del Estado» ante las reiteradas toma de tierras que se registran en el país y bregaron por su intervención.

Según informó la agencia NA, los productores agrícolas pidieron que el Estado respalde al sector «ante estas graves violaciones de la ley». «La Argentina requiere sinergia entre los actores del sector privado y de un Estado que actúe como motor y garante ante las iniciativas privadas», subrayaron. A parte de la expresión pública, un grupo de trabajadores del sector respaldan a Luis Miguel Etchevehere en la puerta de la propiedad ubicada en la localidad entrerriana de Santa Elena.

En el escrito, los productores consideraron que «la falta de respeto por los más elementales derechos constitucionales, como es el de la propiedad privada va claramente en contra de los procesos de desarrollo e inversión». El documente publicado este viernes, lleva la firma de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), la Asociación Argentina de Trigo (Argentrigo), la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) y la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (Maizar).

A su vez, los firmantes se hicieron eco de los conflictos habitaciones en todo el país y consideraron que la ocupación ilegal de la propiedad privada es «un delito y la Justicia debe intervenir firmemente para hacer cumplir la ley». Asimismo, respaldaron su postura en un artículo de la Constitución Nacional y, en consonancia con la postura del exministro de Agroindustria, consideraron que el Gobierno respalda estos actos.

En ese sentido, recordaron que «el artículo 17 de la Carta Magna expresa claramente que `la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada´».

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