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Protestas sociales en Chile: Amnistía Internacional denuncia violaciones a los derechos humanos

La organización denunció al país con un duro informe sobre la violencia ejercida por los carabineros.

A días de cumplirse un año del estallido social en Chile, Amnistía Internacional difundió un reporte denunciado que se «cometieron graves violaciones a los derechos humanos de forma generalizada» en la represión de las protestas contra el Gobierno de Sebastián Piñera. Las manifestaciones se han reanudado luego del anuncio de un plebiscito para aprobar o rechazar una nueva Constitución, convocado para el 25 de octubre.

“Los mandos estratégicos de carabineros permitieron la comisión de actos de tortura y malos tratos en contra de manifestantes por considerarlo un mal necesario para lograr dispersarles a toda costa”, dijo la directora para las Américas de AI, Erika Guevara, en la presentación del informe En Ojos sobre Chile: Violencia policial y responsabilidad de mando durante el estallido social, según lo informado por el Intra News.

Las protestas sociales estallaron el 18 de octubre de 2019 tras un alza en el precio del pasaje del metro de Santiago y se convirtió en una amplia movilización social en contra de las desigualdades y el gobierno del conservador Sebastián Piñera, dejando al menos 30 muertos y miles de heridos y detenidos tras semanas de manifestaciones.

Según datos del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 460 personas fueron heridas en sus ojos tras el impacto en el rostro de balines, perdigones o bombas lacrimógenas disparadas por agentes antidisturbios. “Lejos de ser hechos aislados cometidos por funcionarios actuando por cuenta propia, los actos de violencia se habrían cometido en base a una política cuyo fin último era desalentar la protesta social”, sentenció Guevara durante una videoconferencia.

Amnistía Internacional consideró que, a pesar de las acusaciones de violaciones a los derechos humanos vertidas sobre los uniformados por parte de organismos internacionales un mes después del inicio de las manifestaciones, “se siguieron registrando casos de uso excesivo de la fuerza policial hasta mediados de marzo de 2020”.

La organización denunció “impunidad” en el accionar policial y complicidad por parte de los altos mandos a pesar de conocer la situación. “Demoraron un mes en limitar el uso de la munición y nunca llegaron a prohibirla, a pesar de existir un informe interno que mostraba su peligrosidad”, señaló.

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