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Respaldo de la Corte Suprema para el juez que dictaminó que los delitos de corrupción son imprescriptibles

Se trata de Gustavo Hornos, que llegó a tal interpretación en el marco de una causa de corrupción menemista.

El juez Gustavo Hornos, miembro de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, fue avalado este lunes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras dictaminar que los delitos de corrupción son imprescriptibles. El magistrado llegó a esta conclusión en el marco de la causa por sobreprecios en el contrato entre la DGI y la empresa IBM del año 1994, luego de lo cual uno de los acusados, Novillo Astrada, acudió al máximo tribunal para pedir su recusación.

En cambio, la Corte Suprema respaldó el argumento del juez, según el cual «quien se enriquece mediante la comisión de un grave delito doloso contra el Estado atenta contra el sistema democrático». Esto se desprende del artículo 36 de la Constitución Nacional, que estipula, además, que los delitos contra el sistema democrático son imprescriptibles, sin distinción entre ellos, según señaló Clarín.

En su fallo previo, el juez Gustavo Hornos indicó que «cuando la Constitución señala que ‘atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento’, refiere que los graves hechos de corrupción atentan contra la democracia del mismo modo en que en lo hacen los otros atentados».

Bajo esta interpretación, Hornos y su compañero de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, habían ordenado al Tribunal Oral Federal 3 que realizara “en forma inminente” un juicio contra los acusados. Previamente, en 2016, el TOF3 había declarado la prescripción del delito, acción que fue recurrida por el Ministerio Público Fiscal y la Oficina Anticorrupción.

En la causa, están sindicados varios ejecutivos de IBM y ex funcionarios del gobierno menemista. Son acusados de asociarse ilícitamente para coordinar pagos de sobreprecios por unos 120 millones de pesos, en el marco de una contratación de servicios informáticos pactada por la Dirección General Impositiva con la empresa estadounidense IBM.

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