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POLÍTICA

Con especialistas, el Senado continúa el debate sobre la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal

Se discutirán los proyectos presentados el año pasado por Martin Lousteau y Lucila Crexell.

Esta tarde, se encuentra reunida la Comisión de Justicia del Senado para debatir acerca de la eventual reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal, mediante la cual el oficialismo busca modificar las condiciones para el cargo de Procurador General de la Nación. Con un grupo de especialistas internacionales, se busca tratar los proyectos presentados el año pasado por Martín Lousteau (JxC) y Lucila Crexell (Interbloque Federal). 

De acuerdo al informe de Agencia NA, en la reunión también exponen Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral; José Raúl Heredia, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, y Marcela Basterra, magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, entre otros, sobre la iniciativa que todavía no tiene fecha para el dictamen. 

El doctor Néstor Pedro Sagués fue quien abrió el debate que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, y sostuvo que “la exigencia” de una mayoría de dos tercios para designar al nuevo procurador “es indispensable para mantener una procuración robusta”. Asimismo, indicó que la duración del cargo puede estar “entre ocho o 12 años” (actualmente es vitalicia), de acuerdo a la situación de otros países.

De todos modos, sentenció: “Lo que sería inaceptable es hacer coincidir el período del procurador general con el período presidencial de cuatro años” ya que “esto puede llevar a una situación incómoda, anti sistémica”. Luego, José Raúl Heredia remarco que la mayoría de dos tercios “no es una exigencia constitucional”.

Asimismo, expresó su acuerdo en relación a que «es correcta aquella posición minoritaria de la Convención Constituyente de 1994 de poner en línea este órgano de poder con la Corte Suprema”. El exjuez supremo de Chubut respaldó la continuidad de mayoría de dos tercios y apuntó: «Debería tratarse pero no es una exigencia constitucional, debe surgir de los consensos políticos».

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