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Defensa del Consumidor: ratifican una importante multa a empresa de telefonía móvil

La sanción impuesta a la compañía es de 450.000 pesos por no brindar «trato digno» a un usuario.

La Justicia ratificó la multa a una empresa de telefonía móvil por no brindarle «trato digno» a un usuario, luego de que esta última apele al castigo que había impuesto Defensa del Consumidor. La sanción es porque la compañía continuó cobrando la adquisición de un celular a pesar de que el comprador canceló la venta y, ante la falta de pago, suspendió las otras líneas que el usuario tenía activas.

Según consignó la agencia Télam, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó la sanción inicial que impuso la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor (DNDC). En la primera instancia, el organismo resolvió aplicar la multa por 450.000 pesos y al considerar que la telefónica desplegó «conductas contrarias al trato digno que merecen los usuarios».

El caso surge de la denuncia del usuario Jorge Fernández contra Telecom Personal S.A. De acuerdo a lo que indicaron fuentes judiciales, el hombre compró un equipo de telefonía móvil pero luego canceló la compra. Ante esta decisión, se comunicó con la empresa y avisó de la maniobra. No obstante, desde la prestadora de servicios continuaron cobrándole la supuesta adquisición del móvil, que el usuario se vio imposibilitada de pagar. Ante esto, le cortaron el servicio de otras líneas que poseía.

La ratificación por parte de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se da luego de que la telefónica cuestione las facultades de la DNDC. En este sentido, la Sala V de la Cámara sostuvo que según las leyes 24.240 (Defensa del Consumidor) y 26.993 (Sistema de Resolución de Conflictos en las Relaciones de Consumo) el organismo está facultado para imponer multas en casos de incumplimiento de las disposiciones vigentes.

«El control judicial de las resoluciones jurisdiccionales administrativas, debe ejercitarse para proscribir la irrazonabilidad y prescindencia arbitraria de la ley», aseguró em la resolución. Además, al momento de rechazar la apelación, los camaristas Pablo Gallegos Fedriani, Guillermo Treacy y Jorge Alemany recordaron que «la determinación y graduación» de las mismas «es resorte primario de la autoridad administrativa» y que, en este caso, «no se advierte que sea desproporcionada en relación a la falta cometida».

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