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SOCIEDAD

Dos empresarios fueron procesados por la venta ilegal de leche para embarazadas y niños menores de dos años

La mercancía fue obtenida de manera «irregular» de un depósito perteneciente al Ministerio de Salud.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó el procesamiento y trabó un embargo por 4 millones de pesos a dos empresarios involucrados en una estafa millonaria al Estado argentino por la venta ilegal de leche fortificada para embarzadas y chicos de menos de dos años en situacion de vulnerabilidad. Los acusados son Rúben y Héctor Giardino, los cuales se encuentran procesados sin prisión preventiva.

La decisión fue tomada por la magistrada federal, María Eugenia Capuchetti, cuya determinación fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones, según lo informado por Télam. En la causa ya se encontraba procesado el excoordinador de Administración de la Subsecretaría de Medicina Comunitaria, Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, Oscar Vilariño.

Acorde con los datos incluídos en la investigación judicial y difundidos por la agencia de noticias, se sustrajeron de forma «irregular» de un depósito de la cartera de Salud, ubicado en Brandsen 2665, Capital Federal, alrededor de 95.596 kilos de leche en polvo fortificada, 2.472 kilos de sales de rehidratación y 1.000 kilos de suero inyectable adquiridos por el Estado nacional con el objetivo de «favorecer la nutrición de mujeres embarazadas y niños menores de dos años en situaciones excepcionales o de emergencia».

La mercancía fue transportada a través de fletes pertenecientes a diversas compañías privadas, como por ejemplo, Expoconsumo S.R.L, cuyos dueños son los empresarios que en la actualidad se hallan procesados. La operación se llevó a cabo mediante dos presentaciones, una realizada el 12 de marzo de 2013 y la otra el 7 de julio de 2014. Ambas trataban de «notas y autorizaciones falsificadas supuestamente emitidas por los municipios de Morón, Moreno, Berazategui, Luján, Lanús y General Rodríguez de la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa, en cuyos trámites irregulares intervino Oscar Vilariño», precisó el fallo.

Además el documento detalló que el producto fue «volcado a su ilegal comercialización en el sector privado, ocasionando un perjuicio al patrimonio estatal por un valor de, al menos, $5.479.585,87». En consecuencia, los dos empresarios se encuentran acusados de «administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con el de falsificación de documento público».

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