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SOCIEDAD

El gobierno oficializó el nombramiento de 14 jueces y 9 miembros del Ministerio Público Fiscal

Quiénes son los magistrados y funcionarios designados por la gestión de Alberto Fernández.

En medio de la polémica por los fallos de la Corte Suprema respecto a los traslados de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la gestión de Alberto Fernández oficializó hoy el nombramiento de 14 magistrados y 9 integrantes del Ministerio Público Fiscal, quienes contaban con la aprobación del Senado. Las designaciones fueron oficializadas este viernes mediante distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Todas las disposiciones fueron firmadas por el presidente, Alberto Fernández; por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y por la ministra de Justicia, Marcela Losardo. De esta manera, según informó Noticias Argentinas, fueron oficializados los jueces David Perelmuter, Pablo Salinas, Elpidio Portocarrero Tezanos, María Isabel Caccioppoli, Edgardo Lara Correa, Pablo Quirós, María Belén Puebla, María Constanza Caeiro, María Carolina Pereira, Ivana Hernández, Enrique Alonso Regueira, Diego Cormick y Héctor Heim, quienes integrarán distintos juzgados o tribunales.

A su vez, se designó a Ivana Verónica Mezzelani como defensora pública ante los Tribunales Federales de La Plata; a Inés Jaureguiberry como defensora pública de víctima en la Provincia de Buenos Aires; a Guillermo Ariel Todarello como defensor público adjunto ante la Cámara Federal de Casación Penal; a Iara Jésica Silvestre como fiscal federal de Santa Rosa; a Alejo Amuchástegui como defensor público ante los Tribunales orales en lo Criminal Federal de Mendoza; a Gema Raquel Guillén Correa como defensora pública ante los Juzgados Federales de San Juan; a Martina Gómez Romero como defensora auxiliar de la Defensoría General de la Nación; a Eduardo Villalba como fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta; y a Ramiro Rúa como defensor auxiliar de la DGN, respectivamente.

La denuncia de Elisa Carrió contra el gobierno

La exdiputada, Elisa Carrió denunció, junto a otros miembros de la Coalición Cívica, a la gestión de Alberto Fernández ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Mediante un comunicado oficial, la agrupación opositora acusó al gobierno actual de llevar a cabo «sincronizadas maniobras tendientes a desmantelar todo el esquema institucional con el único propósito de consagrar la impunidad de la expresidente, Cristina Fernández de Kirchner, y un número considerable de exfuncionarios, sometidos a procesos judiciales en estado procesal avanzado».

Además hizo mención a la reforma judicial impulsada por el oficialismo y aseguró: «Incluir en una eventual reforma judicial el traspaso de la Unidad de Información Financiera (UIF) a la órbita del Ministerio Público Fiscal, quebrando todo los estándares internacionales recomendados por la GAFI» y subrayó: «La consagración de este nuevo esquema, derrumba los mecanismos de control cruzados y su independencia operativa, para situarlos bajo la influencia de la expresidente y el actual».

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