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SOCIEDAD

Amnistía Internacional exige a Formosa «cumplir con el fallo de la Corte Suprema y respetar los derechos humanos»

«Resulta inadmisible que haya tantas personas que aún están esperando una respuesta para volver a sus hogares», reclamó la ONG.

Desde que en marzo se decretó la fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el país, Formosa elaboró medidas restrictivas para que las personas que están fuera deban inscribirse y así obtener la aprobación de regreso. Por este motivo, Amnistía Internacional denunció a la provincia e instó a que cumpla el fallo dispuesto por la Corte Suprema, la cual ordenó el acceso de alrededor de 8500 ciudadanos.

«Según informó el gobierno formoseño al Máximo Tribunal, hasta el 14 de diciembre sólo ingresaron 2774 personas, otras 500 habrían desistido de entrar y 3980 habrían ‘rechazado’ la propuesta de ingreso» explicó la organización en pos de los derechos humanos. Sin embargo, los motivos que invocan dichas personas explican las restricciones de ingreso en las condiciones requeridas por la provincia: la imposibilidad económica de afrontar los gastos del test PCR y/o el alojamiento que exigen, el escaso tiempo entre la fecha indicada para el ingreso y la posibilidad material de lograr la realización el test o llegar a la Provincia, las dificultades para conseguir medios de transporte, entre otros factores.

«A más de 9 meses de la declaración de la emergencia sanitaria, siendo que desde junio  Formosa se encuentra en la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio y sin circulación viral en la mayoría de su territorio, resulta inadmisible que haya tantas personas que aún están esperando una respuesta para volver a sus hogares» reclamó Amnistía. En este sentido, la ONG exige que las autoridades cumplan con el fallo de la Corte y respeten los derechos humanos.

Situación de las personas varadas

En octubre de este año, Amnistía Internacional recibió denuncias de personas que habían solicitado autorización para regresar a la provincia de Formosa desde hacía meses y no habían obtenido respuesta. En noviembre, la Justicia Federal declaró la inconstitucionalidad del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado dispuesto por las autoridades formoseñas e instó a la provincia a diseñar un nuevo sistema de ingreso respetuoso de los derechos humanos.

No obstante, la provincia no brindó una solución a todas las personas que solicitaban ingreso. Luego, la ONG pidió la intervención de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente se resolvió unanimidad que el gobierno de Formosa garantizara en un plazo de 15 días el ingreso de las más de todas las personas que habían solicitado autorización para regresar a la provincia. 

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