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Nicaragua: más de 1.600 opositores fueron detenidos desde 2018

El descontento y las manifestaciones en el país iniciaron en abril del 2018 y desde entontes 1.614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente.

Este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA denunció que en Nicaragua más de 1.600 opositores sufrieron algún tipo de detención arbitraria desde 2018 por participar o apoyar las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. «La CIDH logró establecer que 1.614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales» entre abril del 2018, cuando iniciaron la protestas, y mayo del 2020, señala un informe publicado en Washington, Estados Unidos.

Según AFP, los opositores, la mayoría de los cuales ya fueron liberados, fueron recluidos en celdas en condiciones de hacinamiento, insalubridad, inadecuada ventilación, sin suficientes camas y en varios casos en aislamiento, precisa el informe. En Nicaragua, las manifestaciones se iniciaron en abril del 2018 en contra de una reforma al seguro social, que luego se convirtió en una demanda de salida del mandatario debido al malestar que causo la violenta represión que el gobierno ejerció contra los manifestantes.

Según el informe «Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos», la represión dejó al menos 328 muertos y más de 100.000 opositores exiliados. Las detenciones al inicio fueron masivas y con violencia con la intención de «castigar o reprimir una postura de oposición al actual régimen nicaragüense», indicó el documento.

Como las manifestaciones continuaban, en julio del 2018, la policía y grupos parapoliciales realizaron «operativos de limpieza» para desmantelar los piquetes y barricadas que los manifestantes habían colocado en todo el país y los arrestos se intensificaron, observó el organismo. El gobierno promovió, además, una reforma legal en el parlamento, donde el oficialismo es mayoría, que criminaliza las protestas como un acto de alteración del orden público que es penado con un máximo de 20 años de prisión y califica a los manifestantes de «terroristas» .

En diciembre del 2018, el gobierno confiscó las instalaciones y equipos de dos medios opositores y canceló la personalidad jurídica de una docena de ONG que consideraba críticas a su gestión. Entre febrero y junio del 2019 la gestión de Ortega liberó con una amnistía a 493 opositores y en diciembre de ese año a otros 90. Las detenciones temporales persisten hasta la fecha. La oposición contabiliza más de 100 disidentes presos.

En diciembre del 2018, el gobierno expulsó a una comisión de la CIDH que había llegado a Nicaragua a supervisar el cumplimiento de las recomendaciones que hizo el organismo para superar la crisis política que vivía el país. Para el gobierno, los informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre Nicaragua están sesgados.

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