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Repudian el fallo de la Corte Suprema de Catamarca a favor de la contaminación que causa la megaminería

La licenciada Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria, habló en exclusiva con El Intransigente.

La licenciada Luciana Gagliardo, presidente de Conciencia Solidaria, habló en exclusiva con El Intransigente acerca del fallo de la Corte Suprema de Catamarca a favor de la contaminación que causa la megaminería y repudió la decisión judicial. En ese marco, dijo que “básicamente, desde diferentes organizaciones nos declaramos en repudio absoluto y total respecto de esta sentencia definitiva, que declara la inconstitucionalidad de la ordenada que en Andalgalá prohíbe la mega minería en cualquier de sus formas”.

Cabe recordar que a tan solo dos días de la Navidad y a poco de concluir el año en que la minería se declaró “actividad esencial” en plena pandemia, la Corte Suprema de Justicia de Catamarca declaró “inconstitucional” la Ordenanza 029/2016. La misma, prohíbe la explotación minera en cualquiera de sus formas a desarrollarse en la cuenca del río Andalgalá, ubicada en la localidad catamarqueña del mismo nombre.

En ese sentido, Luciana Gagliardo manifestó que “esta ordenanza la particularidad que tiene, además de prohibir esta actividad extractivista que ya tiene consecuencia a nivel ambiental de pasivos ambientales, sociales y económicos en la localidad de Anadalgalá y alrededores, tiene la particularidad que, independientemente del posicionamiento en los bloques políticos del Consejo Deliberante local, fue aprobada por todos y cada uno de sus representantes”.

“Es decir, es un fiel reflejo de la voluntad popular, de la voluntad de este pueblo que hace más de una década lucha para frenar esta actividad extractivita en su territorio”, explicó. Asimismo, añadió que “la justicia provincial catamarqueña, está avasallando en forma absoluta y brutal este derecho a la autodeterminación, a la voluntad popular que esta respaldada por el órgano legislativo municipal y tanto el gobierno provincial aduciendo que los recursos naturales son de las provincias, son administrados por la provincia”.

No obstante, expresó que “la empresa propiamente dicha manifiesta claramente que la minería es una actividad de corte legal, avanzan sobre una ordenanza que lo único que hace es prohibir una actividad comprobadamente nociva, tanto para la salud de las personas, como para la actividad del ambiente. Así como también va en detrimento de los genuinos procesos de sostenimiento de las economías regionales”.

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