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SOCIEDAD

El gobierno nacional oficializó la prórroga de la prohibición de despidos y la doble indemnización

Las medidas fueron publicadas este sábado en el Boletín Oficial. Cuáles son sus detalles y a quiénes abarcan.

El gobierno nacional oficializó hoy la extensión de la prohibición de despidos por 90 días y la doble indeminización hasta fin de año. La medida fue publicada este sábado a través de la resolución 39/2021 en el Boletín Oficial. En cuanto al primer punto, la disposición abarca a aquellos despidos que se efectuen «sin causa justa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor».

Además, por las mismas causas y también por un plazo de tres meses, los empleadores no podrán llevar adelante la suspensión de un trabajador. No obstante, se encuentran exceptuadas de cumplir con la normativa, «las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo».

En el caso de que se produzca una suspensión o un despido sin tener en cuenta lo establecido en este decreto, esas medidas «no producirán efecto alguno, manteniéndose vigentes las relaciones laborales existentes y sus condiciones actuales» y aclara que «durante la vigencia de la emergencia ocupacional, en los casos de despidos sin justa causa no cuestionados en su eficacia extintiva, la trabajadora afectada o el trabajador afectado, tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente».

Respecto a la doble indemnización, la resolución indica que «a los efectos de establecer el cálculo de la indemnización definitiva, el monto correspondiente a la duplicación no podrá exceder, en ningún caso, la suma de $500.000. Las autoridades consideran que ambas medidas «son razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrenta nuestro país» y aclaran que «se adoptan en forma temporaria, toda vez que resultan perentorias y necesarias para proteger la salud de determinados sectores de la población trabajadora particularmente vulnerable».

Para concluir, remarcan que «la protección preferente de las trabajadoras y los trabajadores es una garantía que la Constitución Nacional incluye en el artículo 14 bis y que, en idéntico sentido, normas internacionales incorporadas en el artículo 75, inciso 22, obligan a adoptar medidas robustas de mayor intensidad en contextos excepcionales que ponen en riesgo el propio tejido del sistema de relaciones laborales».

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