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El Intransigente
Interrupción Voluntaria del Embarazo

SOCIEDAD

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

Lo hizo a través del Decreto 14/2021 publicado en el Boletín Oficial. «Es la culminación de un tiempo de lucha», señaló ayer Alberto Fernández.

El Gobierno nacional formalizó este viernes la reglamentación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que firmó ayer el presidente Alberto Fernández durante un acto en el Museo del Bicentenario. Mediante el Decreto 14/2021 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo promulgó parcialmente la Ley 27.610 por lo que Argentina será un país que contemple jurídicamente el aborto legal.

«Esto lo hicimos entre todos y todas. Para mí es un día de alegría por algo más: porque cumplí mi palabra empeñada. Es la culminación de un tiempo de lucha, las mujeres bregaron durante muchos años para que el aborto deje de ser un delito», señaló Alberto Fernández este jueves al momento de estampar la rúbrica. «Estamos dando un paso importantísimo para que esta sociedad empiece a ser un poquito más igual», agregó sobre la legislación aprobada el 29 de diciembre por el Senado.

Principales puntos de la Ley IVE

En primer lugar, el documento oficial señala que la Ley 27.610 «tiene por objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible».

En cuanto a los períodos en que la gestante puede solicitar que se le realice un aborto, explica que «se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional». Fuera de ese plazo, sólo se podrá acceder en «caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante». Luego, el proyecto establece que «en caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal».

En cambio, para casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberán presentarse junto a un acompañante o «referente afectivo», es decir, no será necesaria la presencia parental. Mientras que para las personas mayores de 16, la norma señala que «tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento». «Mujeres y personas gestantes tienen derechos a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento», agrega el texto respecto a la respuesta de los centros de salud.

Objeción de conciencia

Respecto a la objeción de conciencia, uno de los puntos que permitió que el proyecto presentado por el Ejecutivo avance en el Congreso, sostiene que «el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia». Para eso, indica la ley, deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y «derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones».

Asimismo, se aclara que «los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación». «El personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable», agrega el texto. 

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