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La Cancillería argentina protestó formalmente por el golpe de estado en Myanmar

La cartera diplomática llamó a «liberar a los detenidos y a respetar los resultados electorales, el orden constitucional y el Estado de derecho».

El Ejército de Myanmar dio este lunes un golpe de Estado y detuvo a los principales políticos, entre ellos a la Nobel de la Paz y activista Aung San Suu Kyi, en una abrupta marcha atrás en el complicado proceso de retorno a la democracia de la nación del sudeste asiático tras casi medio siglo de dictadura. El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, que conduce Felipe Solá, condenó el hecho.

«Argentina expresa su preocupación por la detención del Presidente de Myanmar Win Myint, de la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi y de otros políticos, y llama a liberar a los detenidos y a respetar los resultados electorales, el orden constitucional y el Estado de derecho», indicó la cartera que dirige Solá en un posteo que se realizó esta tarde, a través de su cuenta oficial de Twitter.

En Myanmar, un anuncio leído en el canal de televisión de las Fuerzas Armadas informó a los casi 54 millones de habitantes que el Ejército tomará el control del país por un año y dijo que la decisión se hizo necesaria porque el Gobierno civil liderado por Suu Kyi no hizo nada sobre las denuncias de los militares de fraude en las elecciones de noviembre pasado.

El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (LND), ganó los comicios por amplia mayoría, pero el Ejército, que nunca cedió el poder del todo a los civiles, denunció irregularidades y reprochó al Gobierno haber decidido celebrar las elecciones en medio de la pandemia de coronavirus. La propia gobernante también ha recibido críticas mundiales por el trato de su gobierno a la comunidad Rohinyá.

La toma del poder se realizó sin violencia ni resistencia justo el día de inauguración de sesiones del Parlamento surgido de los comicios de la polémica y luego de varias jornadas de rumores de que el Ejército planeaba un nuevo golpe de Estado. Los militares dijeron que sus acciones tenían una base legal: una sección de la Constitución elaborada por ellos mismos que los autoriza a tomar el control del país ante una emergencia nacional.

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