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España: acuerdo entre gobierno y oposición para renovar los medios públicos

Se aprobó el nombramiento de un nuevo director en RTVE. Se nombrarán a nuevos integrantes del consejo de administración.

El Partido Socialista, en el gobierno en España, y la oposición de derecha acordaron este jueves renovar la dirección de la radio y la televisión públicas, un presagio de otros pactos en instituciones clave como el órgano a cargo de nombrar jueces. Tras tres años de bloqueo, el acuerdo fue sellado en el Congreso de los Diputados entre los socialistas del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Popular (PP, conservadores), principal formación de oposición, con el apoyo de otros dos partidos.

Este acuerdo, aprobado con 249 votos de un total de 350 diputados, implica el nombramiento del nuevo consejo de administración de RTVE, cuyo presidente será José Manuel Pérez Tornero. La Cámara Baja nombra a seis miembros del consejo y el Senado a otros cuatro.

El pleno del Congreso de los Diputados «ha elegido a los seis candidatos al Consejo de Administración de la Corporación RTVE», indicó esa institución en un comunicado. Ante el bloqueo político que impedía renovar la cúpula de RTVE, el gobierno de Sánchez designó en 2018 una gestora provisional. En razón de la manera como se designan sus gerentes, RTVE es frecuentemente acusada de falta de independencia del gobierno en ese momento en el poder.

El acuerdo sobre RTVE entre socialistas y conservadoras es visto como el preludio de otros pactos para renovar instituciones clave, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano independiente a cargo de nombrar los jueces, entre otras cosas. Doce de sus veinte miembros son nombrados por las dos cámaras del parlamento, informó AFP.

Buscando quebrar el bloqueo para la renovación del CGPJ, congelada desde hace dos años, el gobierno anunció en otoño pasado que buscaría elegir a estos doce miembros en el Parlamento con una mayoría absoluta y no con la mayoría calificada de tres quintas partes.

Ese cambio le habría permitido a la coalición de izquierda en el gobierno elegir jueces ideológicamente cercanos, mientras que el sistema actual obliga al gobierno y la oposición a llegar a compromisos. Ese proyecto de reforma irritó a la oposición y a una parte de los jueces, pero también llegó a inquietar a la Comisión Europea, que expresó públicamente sus reservas. El gobierno terminó por engavetar la reforma para retomar las negociaciones con los conservadores, lo que fue saludado por Bruselas

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