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congelamiento de alquileres

SOCIEDAD

¿Qué camino tomará el Gobierno luego de ponerle fin al congelamiento de alquileres y desalojos?

El Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, brindó detalles de las decisiones del Ejecutivo.

El Gobierno nacional decidió no extender la prórroga de la suspensión de desalojos y el congelamiento de alquileres por lo que la norma regirá solo hasta el 31 de marzo. Desde el Ejecutivo apuestan a la nueva Ley de Alquileres y el registro de contratos de locación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). «Viene todo un tiempo nuevo. Hay una realidad totalmente distinta, con nuevos mecanismos y herramientas, y va a haber un control», adelantó ayer el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.

En diálogo con Radio Continental, el Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Luciano Scatolini, señaló que la decisión se argumenta en las «decisiones previas» que tomó el Ejecutivo. «Se tomaron medidas durante la pandemia para respaldar a los sectores más débiles pero con la vuelta progresiva de la normalidad tendrán otras posibilidades», señaló el funcionario.

En este sentido, el Gobierno apuesta sus fichas a la nueva Ley de Alquileres que regula la extensión de contratos y el índice de precios que es definido por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios (RIPTE). Además, señalan que impulsa la regularización del sector mediante el registro de contratos para hacer frente a los acuerdos «en negro» y garantizar derechos.

«Pone a jugar a las dos partes. Cualquier locatario que quiera denunciar un contrato de alquiler lo puede hacer ante la Afip, algo que le da garantías y también le permite desgravar el impuesto a las ganancias», señaló Scatolini respecto a la posibilidad de quedar exento del pago del 40% del tributo.

Una vez que deje de regir el DNU,  los inquilinos que no pudieron cumplir las obligaciones de los contratos durante la pandemia y se ampararon en la legislación, deberán comenzar a pagar en cuotas la diferencia acumulada. «Se hará una mediación ante el riesgo del desalojo que será monitoreada por el Ministerio de Hábitat. Somos un Gobierno sensible, no nos da lo mismo que una familia se quede en la calle», expuso al respecto el funcionario.

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