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El Congreso de Ecuador aprueba una ley para proteger la dolarización

El país dolarizó su economía en el año 2000 tras una crisis bancaria. El documento será enviado al Ejecutivo para sancionar u objetar la nueva ley.

El Congreso de Ecuador aprobó este jueves un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para proteger la dolarización implantada en el país en el año 2000 y que forma parte de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El país dolarizó su economía en marzo de 2000 a causa de una crisis bancaria que dejó al Estado pérdidas estimadas en más de 5.000 millones de dólares.

Con 86 votos a favor, 41 en contra, un blanco y 7 abstenciones, la Asamblea Nacional dio luz verde a la denominada Ley de Defensa de la Dolarización, que había sido rechazada en dos ocasiones por el Consejo de Administración del Legislativo por problemas de forma. El documento será enviado al presidente Lenín Moreno, que deberá sancionar u objetar la ley.

«Es una buena noticia que la @AsambleaEcuador haya aprobado la Ley de Defensa de la Dolarización. Se blindan las reservas del @BancoCentral_Ec (Banco Central), los depósitos de los ciudadanos están seguros, la entidad recupera su autonomía», escribió el ministro de Gobierno (Interior), Gabriel Martínez, en Twitter.

La creación de esta ley es parte de los compromisos asumidos por Ecuador con el FMI, que aprobó en septiembre un crédito a 27 meses para Ecuador en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por unos 6.500 millones de dólares. El préstamo respalda un plan de reformas con medidas de austeridad y anticorrupción en el país, informó AFP.

La Asamblea «ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización», celebró también en Twitter el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo. La norma establece que el Banco Central de Ecuador (BCE) contará «con la debida autonomía» y que sus decisiones estarán basadas «en criterios exclusivamente técnicos», precisó el Congreso en un comunicado.

Además, prohíbe que el BCE use sus reservas internacionales para inyectar recursos al gobierno. «Nunca más un gobierno lo usará (al BCE) como caja chica», indicó Martínez. Por otra parte, la ley establece que una junta de regulación financiera definirá un sistema de tasas de interés máximas para créditos bancarios.

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