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El Intransigente
Piden elevación a juicio de la "megacausa" impulsada por el gobernador jujeño Morales

SOCIEDAD

El fiscal solicitó elevar a juicio la «megacausa» impulsada por Gerardo Morales que investiga a Milagro Sala y Eduardo Fellner

La investigación contiene más de 90 cuerpos y más de 150 carpetas de pruebas.

El fiscal jujeño, Diego Funes, solicitó hoy la elevación a juicio de la denominada «megacausa» impulsada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos y tiene como imputados a la dirigente social Milagro Sala y al exgobernador Eduardo Fellner, entre otros exfuncionarios. La investigación está finalizada con más de 150 carpetas de pruebas, según indicaron.

En un comunicado de prensa desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que se dio por concluida la Investigación Penal Preparatoria, que «está concentrada en más de 90 cuerpos, más de 150 carpetas de pruebas, expedientes anexos, que superan las 50.000 fojas». El jefe comunal Morales inició la investigación durante su primera gestión e indaga el presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas.

En esta «megacausa» hay 22 personas imputadas, entre los que se encuentran exfuncionarios de diversas jurisdicciones. Además, en esta causa se le otorgó el cese de la detención preventiva a la líder de la Tupac Amaru en octubre de 2020 y sus abogados aguardan que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de queja que se presentó en un caso de similares características denominado «Pibes Villeros».

Para la fiscalía el control del manejo de fondos debía realizarlo el Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy, pero advirtió que «funcionarios descontrolaron la operatoria en la construcción de viviendas que debían llevar a cabo» cooperativas y organizaciones sociales. Según expresó el medio El Tribuno, defraudaron al Estado por una suma que supera los dos mil millones de pesos o el equivalente a la construcción de mil doscientas viviendas.

Por último, el requerimiento pidió: “La creación de un órgano al margen del legal contralor que debía efectuar el IVUJ, la designación de funcionarios que descontrolaron la operatoria en la construcción de viviendas que debía llevar a cabo Sala y su organización, el giro de fondos provinciales a la UEP para pagarle a Sala sin motivo jurídico ni legal que lo justifique y la permanente y constante inacción ante el conocimiento de las flagrantes irregularidades que se presentaban en la operatoria desarrollada por Sala».

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