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Alberto Fernández

SOCIEDAD

En el gobierno nacional hay enojo por la continuidad de las clases en la Ciudad e intentarán frenar el fallo

Hay dos estrategias por parte de Alberto Fernández para validar el decreto que suspendió las clases presenciales por dos semanas.

En el gobierno nacional hay enojo por el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteña que ordenó abrir las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y Alberto Fernández ya planea dos estrategias judiciales para validar el decreto que suspendió las clases presenciales. Una involucra a Carlos Zannini, procurador del Tesoro, y la otra al Ministerio de Salud.

Según informó la agencia NA, el Gobierno recibió con «fuerte enojo» la decisión de la Justicia porteña e inmediatamente pensó estas estrategias. En cuanto a la primera de ellas, tiene que ver con que el presidente Alberto Fernández habilitó a Zannini a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para impugnar el fallo.

La otra estrategia está relacionada al Ministerio de Salud de la Nación, ya que Alberto Fernández avaló la presentación de la cartera liderada por Carla Vizzotti en el fuero contencioso de la Ciudad, con el objetivo de tratar de llevar el caso a otra jurisdicción. Estas acciones del Gobierno buscan validar el DNU que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.

Según la óptica del gobierno nacional, el fallo de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad que habilitó la continuidad de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires «fue un fallo a medida de Horacio Rodríguez Larreta», jefe de gobierno porteño. Explicaron que fue una decisión política y que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.

Alberto Fernández cree que el fallo no es correcto ya que se expidió sobre una cuestión que es exclusiva de la Justicia federal. Argumenta que el DNU no regulaba una política educativa sino sanitaria, y que, con ese mismo criterio, el Gobierno de la Ciudad había acudido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no a la Justicia porteña.

Martín Soria, ministro de Justicia, se había manifestado en la misma línea en su cuenta de Twitter: «El presidente Alberto Fernández tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos».

«Una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales. Este mamarracho jurídico solo tiene una explicación y es política. La fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida», completó Soria.

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