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POLÍTICA

En medio del conflicto por las clases, Nación y Ciudad se presentan ante la Corte Suprema por la quita de fondos de coparticipación

El pleito comenzó en septiembre del año pasado luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera recortar 1,18% el ingreso porteño de la masa coparticipable.

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Mientras se define la disputa judicial entre Nación y Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, avanza otra causa que tiene a ambos gobiernos como protagonistas. Este miércoles, representantes de las dos administraciones se reunirán ante la Corte Suprema en el marco de la audiencia de conciliación que convocó el máximo tribunal para resolver el pleito que se originó por la quita de fondos de coparticipación.

En el encuentro, que se iniciará a las 11:00 y será virtual, estarán los abogados de las partes y el encargado de esa área del Tribunal Supremo, informó Télam. Los presentes expondrán sus posturas en la causa iniciada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en rechazo a la decisión del presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad.

La raíz del conflicto se remonta a fines del año pasado en medio de los reclamos por mejoras salariales y laborales de la Policía Bonaerense. Para afrontar la erogación de gastos que significaría los nuevos aumentos, el Presidente decidió reducir de 3,5% al 2,32 % el coeficiente de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para girarlo a la Provincia. El argumento de la Casa Rosada fue que el porcentaje destinado superaba al necesario.

Esa medida fue respaldada por el Congreso de la Nación mediante la sanción de la ley que eliminó esos porcentaje de recursos demás que el expresidente Mauricio Macri le había cedido, por decreto, a Rodríguez Larreta en el 2016 en el marco del traspaso de la Policía Federal a la Capital Federal.

La audiencia fue convocada en base al inciso 2 del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, según el cual el Poder Judicial puede «intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos». Ese artículo establece además que en cualquier momento «podrá disponer la comparecencia personal de las partes para intentar una conciliación».

Asimismo, el Poder Judicial tiene la facultad de «proponer a las partes fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas surgidas en el proceso o respecto de la actividad probatoria». Desde el llamado a la conciliación, el Gobierno nacional tiene dos meses para responder a los argumentos planteados ante la Corte Suprema por la administración porteña.

Pedido de Nación y rechazo de la Corte

Ayer el procurador general del Tesoro Nación, Carlos Zannini, consideró que la Corte es incompetente para intervenir en la causa como tribunal originario en ese expediente. Sin embargo, tras la presentación formal del Ejecutivo, el Tribunal Supremo lo rechazó «in límine», es decir, sin mayor tratamiento y al momento de presentado.

La Corte Suprema respondió que «la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene derecho a la competencia originaria». En su argumentación, citó un fallo de 2019 en el que le había reconocido tal aptitud, con el mismo criterio que también utilizó para resolver que tiene jurisdicción para intervenir en el planteo del gobierno porteño sobre las clases presenciales.

Si bien desde el Gobierno porteño no quieren anticiparse al fallo, consideran que la sola realización de la audiencia es una «buena noticia» porque permitirá que las dos partes en conflicto se sienten a la misma mesa, con la Corte como árbitro. «Esto ya no sería una discusión meramente política, en una audiencia tiene que estar todo sustentado, cada uno lleva sus pruebas», indicaron desde la administración de Rodríguez Larreta.

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