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La junta militar de Birmania afirma que tomó el poder para salvar la democracia

«Fue falsificado un 25% de los votos», dijo el portavoz de los militares.

La junta militar tomó el poder en Birmania para salvar la democracia, aseguró el portavoz de los uniformados birmanos, el general Zaw Min Tun, agregando que el Gobierno civil supuestamente cometió infracciones masivas durante las elecciones de noviembre. «Fue falsificado un 25% de los votos», afirmó, y asegura que los militares investigaron todas las infracciones y presentaron las pruebas a las autoridades, pidiendo explicaciones.

Consideran que «tuvieron suficiente tiempo —tres meses— para dar explicaciones. Pero todos los organismos oficiales —la Comisión Electoral Central, el Parlamento y el Gobierno— lo menospreciaron, por no querer asumir la responsabilidad», se refirió Zaw Min Tun.

«Estuvimos esperando hasta el último momento y tuvimos que declarar el estado de emergencia a tenor con la Constitución de 2008. O sea, lo que hicimos fue defender al país de la degradación de la democracia», señaló. Zaw Min Tun también dijo que los militares no permitirán que Birmania se convierta en una segunda Siria, si bien son ya decenas los asesinados a manos de la propia junta militar.

« Los países occidentales quieren ver aquí lo mismo que en Siria. Pero queremos decirles firmemente que no será así. Nuestras Fuerzas Armadas y el actual Gobierno siguen un camino democrático», declaró el general Zaw Min Tun a la agencia de noticias Sputnik.

El 1 de febrero pasado, los militares de Birmania dieron un golpe de Estado, detuvieron a numerosos líderes políticos, entre ellos al presidente Win Myint y a la consejera de Estado Aung San Suu Kyi, y decretaron el estado de emergencia por un año, prometiendo organizar en lo adelante nuevas elecciones y traspasar el poder al partido ganador.

La asonada generó un amplio repudio internacional y una oleada de protestas en Birmania, con miles de personas protagonizando manifestaciones callejeras y acciones de desobediencia civil, a las que se unieron más del 70% de los funcionarios públicos, incluidos los médicos.

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