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Nuevas restricciones contra el coronavirus: ¿está permitido realizar manifestaciones sociales?

El debate manifestó una serie de encuentros y contrapuntos entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal.

Una de las medidas que anunció el presidente Alberto Fernández este martes es la prohibición de reuniones sociales con más de 20 personas. Ante esta decisión, se puso en discusión si la restricción para disminuir la circulación del coronavirus alcanzaba también a las movilizaciones, que cada vez son más asiduas en la Ciudad de Buenos Aires. El debate manifestó una serie de encuentros y contrapuntos entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Cámara Federal de Casación Penal.

«Las manifestaciones con más de 20 personas están en contra del decreto. Respetamos la libertad de expresión pero apelamos a la responsabilidad individual», manifestó este jueves la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, en diálogo con AM 750. Además, la funcionaria aclaró que las fuerzas federales controlarán que las personas que circulen tenga el certificado correspondiente.

La violación a las nuevas disposiciones esta comprendida en el artículo 205 del Código Penal. «Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia», señala el Capítulo IV del Título VII del Código Penal. Se trata de un delito doloso, es decir, que quien realiza el acto por omisión o incumplir la prohibición tiene voluntad y conocimiento en su acción.

La palabra de Casación Penal

Sin embargo, mientras Frederic anuncia que está prohibido concentrar a más de 20 personas en un sitio sin permiso, la Cámara de Casación Penal ratificó que no es delito marchar durante la pandemia del coronavirus. Los jueces Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques sobreseyeron a un grupo de abogados y funcionarios de la magistratura porteña que se manifestaron en junio del año pasado en las escalinatas del Palacio de Justicia.

La denuncia la había realizado Ana Laura Núñez en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) al señalar que los trabajadores judiciales no respetaron las normas sanitarias ni restricciones vigentes. Sin embargo, en octubre el juez Julián Ercolini consideró que la marcha «fue en el marco del ejercicio de un derecho» y sobreseyó a los manifestantes, lo que terminó de ratificar Casación seis meses después.

Frente a este panorama, cada manifestación abrirá un debate distinto que, por lo que se anticipa, terminarían de dirimirse en la Justicia en la mayoría de los casos.

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