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Las visitas de los jueces a Mauricio Macri tienen una gravedad institucional extrema

POLÍTICA

Para Justicia Legítima las visitas de los jueces y fiscales a Mauricio Macri «revisten una gravedad institucional extrema»

La asociación se expresó y afirmaron que los fallos de los jueces responden a los intereses del Gobierno de Mauricio Macri.

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La asociación Justicia Legítima advirtió hoy que las visitas de jueces y fiscales a la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri «revisten una gravedad institucional extrema» porque implican una «ruptura grosera del principio de división de poderes». «Los fallos fueron siempre en sentido favorable a las expectativas y exigencias del Gobierno de aquel momento», agregó.

A través de un comunicado, sostuvo que «los registros publicados muestran que esas reuniones se concretaron en fechas que resultan coincidentes con pronunciamientos de esos mismos jueces o de los tribunales que integran», comenzaró en su primer párrafo y continuó: «En causas seguidas en contra de integrantes de la oposición política, empresarios o titulares de medios de comunicación».

Según añadió la asociación, esos fallos «fueron siempre en sentido favorable a las expectativas y exigencias del Gobierno de aquel momento –muchas veces hechas públicas-, acerca de cómo debía actuar el sistema de administración de justicia en esas causas». Y, además, sobre la visitas de los jueces consideró que «revisten una gravedad institucional extrema, ya que conllevan una ruptura grosera del principio de división de poderes».

«Al revelar una vinculación espuria y de sujeción del sistema de administración de Justicia al poder político, económico y mediático (art. 109 CN), colocando a la ciudadanía a merced de las decisiones judiciales tomadas a requerimiento de esos sectores, eliminando así el último resguardo de esa ciudadanía frente a la arbitrariedad en cualquiera de sus formas», expresó Justicia Legítima mostrándose totalmente en contra de estos encuentros.

«La salud institucional y democrática de la república exige una rápida intervención de los estamentos legalmente previstos para los casos de conductas incompatibles con la función judicial o en el Poder Ejecutivo que desempeñan estas personas, a efectos de poner fin de manera tajante y ejemplificadora a esas prácticas que configuran el mecanismo denominado lawfare», indicó y concluyó: «Ningún funcionario/a ni magistrado/a perteneciente a Justicia Legítima llevó a cabo conductas a las que se hace referencia».

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