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Intendentes de Juntos por el Cambio

POLÍTICA

Arde el Gobierno: intendentes de Juntos por el Cambio analizan seguir los pasos de la Ciudad de Buenos Aires

Hace algunos días, Jorge Macri presentó un recurso de amparo pero no obtuvo respuesta hasta el momento.

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Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la presencialidad en las clases en la Ciudad de Buenos Aires, los intendentes de los municipios pertenecientes al Área Metropolitana de Buenos Aires en los cuales gobierna Juntos por el Cambio están analizando los pasos a seguir para lograr lo mismo y volver a abrir las escuelas en una semana en la cual se están dando los picos de contagios de coronavirus más altos.

Según trascendió, los jefes comunales Jorge Macri de Vicente López, Gustavo Posse de San Isidro, y Diego Valenzuela de Tres de Febrero, estudian cuál será la estrategia para intentar volver a las clases presenciales, ya que sostienen que la resolución del máximo tribunal les abrió la puerta para poder imitar el plan escolar de la Ciudad, pese a que la gobernación provincial, a cargo de Axel Kicillof, adoptó las clases virtuales.

En este marco, los intendentes creen que el fallo no aplica solamente a la Ciudad, sino que corresponde al resto de las provincias y podría beneficiarlos en los tribunales. Hace pocos días, Jorge Macri presentó un recurso de amparo ante la justicia bonaerense, pero aún no obtuvo respuesta. Por este motivo, las autoridades del partido piensan en realizar otra presentación e intentar que «las aulas no sigan vacías».

Mientras que en otras jurisdicciones analizan la posibilidad de presentarse en la Corte Suprema o en los tribunales locales. Esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta recibió la noticia de falló y reivindicó la autonomía de la Ciudad por sobre las decisiones del Gobierno nacional incluso en el contexto de la pandemia, motivo por el cual Albero Fernández argumentaba las decisiones.

Los magistrados explicaron que cuando «hay competencias concurrentes entre la Nación y las provincias en relación a la salud y la educación, que ambas ejercieron amigablemente hasta este conflicto, cabe resolver quién debe decidir cuando no hay acuerdo de concertación». Y subrayó que «las medidas que se adopten deben respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales».

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