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Clases presenciales en CABA: piden juicio político a los jueces que las permitieron

Se dio a conocer el texto de la denuncia contra la Corte Suprema de Justicia, y el ex juez Zaffaroni indicó que dicha resolución potenció las muertes por coronavirus.

El fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia para que las clases sean presenciales dejó mucha tela que cortar. Los ex jueces Eugenio Zaffaroni y Lucila Larrandart dieron a conocer el texto del pedido de juicio político y denuncia penal contra la Corte Suprema. Los ex magistrados entienden que esta medida potenció los contagios y las muertes por coronavirus.

«Es muy probable que los jueces no se hayan representado la alta probabilidad del resultado, pero les era exigible que lo hubiesen hecho… les hubiese permitido conformar y ponderar el estándar epidemiológico, a partir de los indicios de peligro que revela todo aumento de circulación», sostiene el texto que será presentado mañana, al que tuvo acceso Agencia NA.

Los jueces piden juicio político por la decisión de la Corte de avalar la decisión de las clases presenciales sin consultar a especialistas u organismos especializados en la pandemia. A su vez, critican que la medida desautorizó al gobierno nacional como autoridad sanitaria federal. El planteo apunta no sólo al juicio político sino también a la «intervención a la justicia a fin de que se investigue la posible comisión de los delitos señalados».

La denuncia apunta a los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, a quienes les imputa «mal desempeño de sus cargos y su posible participación en los delitos de homicidio, lesiones, propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato».

«Lo único que los jueces deben controlar es que la medida adoptada por el Ejecutivo Nacional no sea irracional, o sea, que resulte conducente al objetivo propuesto. Los jueces no pueden interferir en el ejercicio de las funciones que son de competencia del Ejecutivo Nacional y, menos aún, tomar a su cargo la función que corresponde al otro poder», resume el planteo.

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