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POLÍTICA

Sigue la guerra: el Gobierno porteño se presentará mañana en la Corte Suprema para recuperar los fondos de coparticipación

“Mantenemos que la ley sancionada en el Congreso es inconstitucional», expresaron.

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El Gobierno porteño dio a conocer que mañana se presentará en la audiencia pautada en la Corte Suprema de Justicia luego de la pública pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández, por los fondos de coparticipación que fueron redireccionados el año pasado para otorgárselos a la Policía bonaerense, que reclamó un aumento de sueldo en el marco de la pandemia de coronavirus.

El encuentro será a las 11 de la mañana tras ser convocado por el máximo tribunal, que decidió continuar los temas abordados en la reunión llevada a cabo el 21 de abril pasado, entre autoridades nacionales y de la Ciudad, que pasó a un cuarto intermedio. En aquel momento, el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, sostuvo que la corte era “incompetente” para determinar una resolución al conflicto interjurisdiccional.

La disputa comenzó cuando el presidente Alberto Fernández de reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad en septiembre del 2020 y más tarde, el Congreso nacional sancionó una ley que eliminó un excedente de recursos que el expresidente, Mauricio Macri, le cedió a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en el 2016 en materia de seguridad.

En este marco, la reunión del miércoles será la última antes de la convocatoria de los ministros de Economía y del Interior, Martín Guzmán y Eduardo «Wado» de Pedro, a Rodríguez Larreta para acordar los criterios del traspaso de la Policía Federal a la Capital, la cual se llevará a cabo el próximo martes 18. “Mantenemos que la ley sancionada en el Congreso es inconstitucional», expresaron los voceros.

Además, agregaron: «Vamos a la audiencia de mañana a informarle a la Corte sobre la reunión del 18 en el marco del espacio de diálogo abierto”. La administración porteña sostiene que ese monto no es suficiente para afrontar los gastos que implica mantener el funcionamiento de la fuerza de seguridad y consideran que se trata de una nueva quita de fondos implementada por el Gobierno de Fernández.

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